Santiago de Chile, 13 oct (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, defendió este jueves la estrategia de «side letters» trazada por su Gobierno para modificar el mecanismo de resolución de controversias del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, conocido como TPP-11, recientemente aprobado por el Congreso Nacional.
«No les quepa duda que vamos a cumplir con la voluntad expresada, independiente de nuestras preferencias al respecto (…) estamos haciendo negociaciones importantes con países como México, Nueva Zelanda, Australia, Brunei, Tailandia», afirmó Boric.
En la misma línea, el jefe de Estado chileno descartó un «desafío entre poderes» y cuestionó que sectores de la oposición condicionaran su apoyo a importantes reformas en trámite como la tributaria o el acuerdo constituyente a la promulgación del tratado.
«Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Quiero que sepan que yo respeto profundamente las atribuciones del Congreso y la voluntad democrática que se expresa en él, independiente de que a veces puedan no gustarme las decisiones. Por lo tanto, yo tengo el deber de hacer cumplir», apuntó Boric.
«Vamos a hacer todos los mecanismos que correspondan para depositar el tratado que aprobaron las dos cámaras. Yo voté en contra de ese tratado cuando era diputado en el primer periodo, por tanto, el resultado final que salió no es el que me hubiera gustado», agregó, haciendo referencia a su voto en contra del tratado cuando era diputado.
Con respecto a las «side letters», mecanismo que puede definir excepciones dentro del acuerdo y debe negociarse con cada una de las partes, Boric enfatizó que se trata de una «discusión internacional».
El punto es «poder llevar adelante una solución respecto de algo que es una discusión a nivel internacional y que lo han planteado desde la misma UE, que es que la resolución de los conflictos generados entre empresas y Estado no esté dado a mecanismos convencionales ad hoc».
En vigor desde diciembre de 2018, el acuerdo busca eliminar o reducir barreras arancelarias en los 11 países miembros (Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam) y abarca un mercado de casi 500 millones de personas, lo que representa el 13 % del PIB mundial.
El tratado sustituyó al original TPP, en el que estaba Estados Unidos hasta que el Donald Trump anunció su retirada al poco de tomar posesión como presidente en 2017.
Quienes lo defienden resaltan que abre la puerta a la exportación sin aranceles de más de 3.000 «líneas arancelarias» (subproductos) y que generará ingresos anuales para Chile de 1.200 millones de dólares.
Para sus detractores, el tratado atenta contra la soberanía económica de los países y otorga a las trasnacionales derechos a demandar a los Estados en instancias arbitrales internacionales.
