Montevideo, 20 oct (EFE).- En Consejo de ministros, el Gobierno de Uruguay aprobó este jueves el texto definitivo de su proyecto de ley para reestructurar el sistema de seguridad social del país, que el presidente, Luis Lacalle Pou, calificó como garante de una reforma «necesaria, sostenible y solidaria».
Así lo destacó el mandatario durante una conferencia de prensa a la que asistió acompañado de todas las autoridades ministeriales que participaron de la instancia en la Torre Ejecutiva, así como del presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social conformada para impulsar el proyecto, Rodolfo Saldain.
«Estamos ante la culminación de un proceso y el inicio de otro. Es un proceso de larga data, por lo menos en los últimos tres Gobiernos, donde la dirigencia política del Uruguay entendía que la reforma de la seguridad social era de carácter urgente», resaltó Lacalle Pou.
A lo que recordó que cinco partidos políticos del país ya se habían comprometido con avanzar en una reforma durante la campaña electoral de 2019, Lacalle Pou remarcó que su Gobierno cumplió la promesa e impulsó la creación de una Comisión de Expertos en Seguridad Social en el marco de la norma que fuera su buque insignia, la denominada Ley de Urgente Consideración.
Según detalló la Presidencia en un comunicado, esa comisión trabajó desde el 5 de noviembre de 2020 hasta ese mismo mes de 2021 generando un «amplio diálogo social sin precedentes» que abarcó reuniones y sesiones de intercambio con 84 organizaciones de la sociedad civil.
Sobre el texto final, Lacalle Pou subrayó que refleja las recomendaciones de los expertos y las sugerencias de los principales partidos que integran la coalición de Gobierno.
También, según añadió Saldain, hubo ciertos aportes tomados de la central sindical del país, PIT-CNT.
Para el mandatario, el proyecto de norma, que, aseveró, será remitido al Parlamento este viernes para dar comienzo a su discusión legislativa, y que ya contó con manifestaciones de discrepancias por parte del principal partido de oposición, el izquierdista Frente Amplio (FA), constituye un «acto de compromiso nacional» que debe ser apoyado.
«Estamos convencidos de que es una reforma necesaria, sostenible y solidaria, que la hacemos como acto de responsabilidad nacional y no se lo vamos a dejar al próximo Gobierno y por eso estamos muy satisfechos», remató el jerarca, quien dijo esperar que el nivel de modificaciones del texto en el Parlamento logre un «balance» con la «velocidad», pues pretende que se apruebe antes de su término de mandato en 2025.
