La Paz, 25 oct (EFE).- Mineros cooperativistas auríferos bolivianos paralizaron este martes, por segundo día consecutivo, la ciudad de La Paz, para lograr que el Gobierno de Luis Arce atienda sus demandas sobre temas tributarios y legales y a una investigación por supuestas irregularidades en una entidad estatal del área.
Los afiliados a este sector, que explota oro en asociaciones independientes, cerraron el paso en varias de las principales calles de La Paz, lo que impidió el tránsito de vehículos y provocó que algunas escuelas y universidades migraran sus actividades a la modalidad virtual.
Los bloqueos causaron el malestar de la población que necesitaba trasladarse para efectuar sus actividades cotidianas, al extremo que hubo golpes y empujones cuando un grupo de mineros intentó impedir el funcionamiento de una de las líneas del teleférico, en el centro de la ciudad.
Esa tensión hizo que varios usuarios expulsaran a los manifestantes, con algunos golpes de por medio, hasta que la Policía llegó al lugar para evitar que ese servicio estatal de transporte masivo no tuviera inconvenientes.
«Informamos a la población que nuestras fuerzas del orden recuperaron inmediatamente las instalaciones (del teleférico), y el servicio se encuentra funcionando con total normalidad», expresó el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, en Twitter.
TENSIÓN EN LAS CALLES
Esta jornada hubo un nuevo intento de diálogo entre los representantes de los mineros con el Gobierno, representado por los ministros de Economía, Marcelo Montenegro, y de Minería, Ramiro Villavicencio.
En la víspera, el primer acercamiento fracasó y tuvo como diferencia principal el porcentaje de impuestos que el sector minero aurífero deberá pagar.
El titular de Economía cuestionó este martes que este sector haya estado durante varios años exento del pago de impuestos, a pesar de los 2.000 millones de dólares que lo colocan como «un sector con mayor exportación en el país y que no quiere tributar».
Justamente, el punto medular del conflicto es el porcentaje de aporte al Tesoro General del Nación (TGN) que, según el Gobierno, debe ser de 5 % de sus ganancias, contrapuesto al 4,5 % que los mineros auríferos están dispuestos a pagar.
En una rueda de prensa, el dirigente Eloy Sirpa señaló que este sector se reunió para «definir» su postura y que sus afiliados tomaron la decisión de «mantenerse» en La Paz «hasta que se atiendan» sus exigencias.
A los pedidos sobre el régimen tributario, la seguridad legal y la investigación de supuestas irregularidades en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), se suma el pedido del reconocimiento de la personalidad jurídica de la Federación de Cooperativas Auríferas de Bolivia.
Este último punto es el que ha puesto en «estado de emergencia» y «movilización» a la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin), que acusa al Gobierno de generar la división de ese sector con ese reconocimiento, por lo que advirtieron con asumir medidas de presión.
La Fedecomin anunció que se movilizará para que también el Ejecutivo nacional atienda sus pedidos sectoriales como la aprobación de nuevos contratos, una Ley del Oro consensuada, además de sus críticas al funcionamiento de la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo.
Este conflicto se suma a otros que el Gobierno boliviano debe afrontar, el principal, relacionado al paro indefinido que sostiene por cuarto día Santa Cruz, la mayor región del país, bajo el pedido que el censo de Población y Vivienda se realice en 2023 y no en 2024.
