Sao Paulo, 1 nov (EFE).- El Ministerio Público Federal de Brasil determinó la suspensión del acuerdo de cooperación jurídica con Perú en relación al caso Odebrecht tras un pedido de la compañía, según un documento al que tuvo acceso EFE este martes.
La decisión se tomó como respuesta a una demanda de Novonor, antigua Odebrecht, que denunció la violación por parte de las autoridades peruanas del acuerdo firmado entre ambas partes, que incluye la «no utilización de pruebas producidas en Brasil» contra la empresa en aquella jurisdicción.
El organismo brasileño determinó la «suspensión, por ahora, de la cooperación jurídica» con Perú hasta que sean presentados nuevos esclarecimientos por parte de las autoridades peruanas ante la «gravedad y verosimilitud de las informaciones» alegadas por la compañía, según un documento de la Fiscalía con fecha de 31 de octubre.
De acuerdo con el Ministerio Público, las alegaciones están «guarnecidas» de pruebas que comprueban el supuesto incumplimiento del acuerdo de colaboración firmado entre Odebrecht y Perú, así como la violación de «derechos y garantías fundamentales de los signatarios» de estos acuerdos, entre otros aspectos.
La suspensión del acuerdo implicaría el aplazamiento de los interrogatorios de varios exempleados de Odebrecht programados para noviembre como testigos en el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala.
Humala es procesado, junto a su esposa, Nadine Heredia, por el presunto financiamiento irregular del Partido Nacionalista durante las campañas electorales de 2006 y 2011, y enfrenta un pedido de 20 años de cárcel por lavado de activos.
Humala es el primer expresidente peruano que va a juicio oral por el escándalo de Lava Jato, aunque, de igual forma, han sido denunciados por lavado de activos Alejandro Toledo (2001-2006), el fallecido Alan García (2006-2011) y Pedro Pablo Kuczynski (2006-2008), así como Keiko Fujimori, quien se ha postulado tres veces a la presidencia de Perú.
Odebrecht firmó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía de Perú en 2018, un proceso por el que la empresa reconoció los casos de corrupción y se dispuso a reparar al Estado por los daños civiles ocasionados por los sobornos ofrecidos durante años para la obtención de obras.
