Quito, 14 nov (EFE).- El Gobierno de Ecuador está preparando un decreto para que la banca pública condone deudas vencidas de hasta 10.000 dólares, como demanda una de las organizaciones sociales que lideraron las protestas de junio y que amenazaba con volver a movilizarse para reclamar ese propósito.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, confirmó este lunes en rueda de prensa que el decreto está en elaboración y que esperan tenerlo listo para finales de esta semana, aunque todavía hay detalles por concretar dentro del texto.
«Hay que tener claridad sobre los criterios para los cuales se debe aplicar este proceso de condonación», indicó Jiménez.
Entre los ejes principales están los plazos de los créditos y la categoría de las deudas, «donde el criterio de irrecuperabilidad es importante», así como los segmentos que tienen que ver con créditos productivos y microcréditos, según detalló el ministro.
Horas antes, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) había anunciado la suspensión de las movilizaciones convocadas para este miércoles en varias provincias costeras de Ecuador para reclamar la condonación de las deudas de hasta 10.000 dólares.
El presidente de la Fenocin, Gary Espinoza, señaló que van a esperar hasta el viernes para ver si se concreta el decreto que promete el Gobierno.
La condonación de las deudas vencidas de hasta 10.000 dólares fue durante las protestas de junio pasado la principal demanda de la Fenocin, una de las promotoras de las movilizaciones junto al movimiento indígena, cuyo líder fue reticente a firmar el acta que suspendía las protestas por no incluir ese punto.
Durante los acuerdos alcanzados para levantar las protestas de junio, que tuvieron paralizado a buena parte del país por 18 días, el Gobierno ya había aceptado la condonación de deudas de hasta 3.000 dólares en la banca pública.
En ese sentido, el ministro Jiménez recordó que ya se han condonado casi 26.000 créditos que ascienden a un valor de más de 58 millones de dólares, mientras que se han reestructurado más de 33.000 préstamos, cuya cantidad en conjunto alcanza los 226,4 millones de dólares.
Las protestas de junio, que se saldaron con siete fallecidos, entre ellos seis manifestantes según organizaciones de derechos humanos y un militar, dieron paso a un proceso de diálogo entre el Gobierno y el movimiento indígena y campesino que concluyó con 218 acuerdos que deben ponerse ahora en práctica.
