Montevideo, 23 nov (EFE).- El Banco Central del Uruguay (BCU) presentó este miércoles la «Hoja de Ruta 2023-2025 del Sistema de Pagos», un plan que busca mejorar la «eficiencia» y la «accesibilidad» del Sistema de pagos del país.
El documento, que fue presentada por el presidente del BCU, Diego Labat, en un acto que contó con la presencia del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, y la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, tendrá un foco en la «introducción de nuevos productos o tecnologías».
Así lo detalló el Banco en un comunicado en que destacó que asumirá «el liderazgo de trabajo» para la generación de «las condiciones apropiadas» que contribuyan al desarrollo del Sistema Nacional de Pagos de una forma «innovadora».
«Queremos que las transferencias y los pagos rápidos tengan un impulso bien fuerte en los próximos años. Uruguay tiene que dar los pasos necesarios para que este sistema funcione», apuntó Labat durante el encuentro, en el que se celebró también un seminario sobre el tema.
Esta instancia, en la que brindó una charla el jefe del Área de Competencia y Estructura del Mercado Financiero del Banco Central de Brasil, Ángelo Duarte, contó además con la participación de la asesora económica de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS) Ana Laura Fernández y el presidente de la Cámara de la Economía Digital de Uruguay (CEDU), Guillermo Varela, entre otros.
Aprobada en 2014, durante el segundo de los tres mandatos de la coalición de izquierdas Frente Amplio, la Ley de inclusión financiera de Uruguay establecía la obligatoriedad del pago de remuneraciones por vía electrónica y desestimulaba el uso de dinero en efectivo mediante beneficios al pago en formato digital.
Estas disposiciones fueron modificadas en 2020, cuando el gobierno de coalición liderado por el centroderechista Lacalle Pou dispuso en su ley y buque insignia de 476 artículos, la LUC, eliminar la obligatoriedad de los pagos por vía electrónica y desligar los beneficios a este formato de pagos.
Estas disposiciones de la LUC, que fue objeto de un referéndum para la derogación de 135 de sus artículos impulsado por los movimientos sociales y los sindicatos que fracasó en las urnas en marzo de este año, suscitaron fuertes críticas por parte de expertos, que advirtieron sobre el riesgo de que el país volviera a las listas negras del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI).
