San Juan, 2 dic (EFE).- La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico llegó a un acuerdo con los tenedores de aproximadamente 700 millones de dólares en préstamos a la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para las líneas de combustible.
Se trata de «un paso significativo hacia un Plan de Ajuste para la deuda de la AEE y hacia el fin del caso de quiebra» de esta entidad, según el comunicado de la JSF, creada por el Congreso de Estados Unidos para reestructurar la multimillonaria deuda pública de la isla.
El acuerdo reduciría el reclamo de los prestamistas de líneas de combustible en un 16 % a través de nuevos bonos emitidos por la AEE, cuya deuda asciende a 9.000 millones de dólares, en la fecha de efectividad de un Plan de Ajuste.
«Los prestamistas de la Línea de Combustible proporcionaron a la AEE fondos críticos para comprar combustible y se han sentado a la mesa como un grupo acreedor separado para llegar a un acuerdo asequible que ayude a resolver la quiebra de la AEE», afirmó David Skeel, presidente de la JSF.
«Con el apoyo de los prestamistas de la Línea de Combustible, continuaremos negociando con otros acreedores para llegar a un plan de ajuste que permita a la AEE avanzar y continuar la transformación hacia un sistema energético moderno y confiable», indicó.
El capital y los intereses de los nuevos bonos se pagarán mediante un cargo híbrido que consistirá en una tarifa fija de conexión y un cargo basado en consumo de energía que se sumará a las facturas de electricidad de los clientes de la AEE.
Antes de este anuncio, el grupo de mediación en la reestructuración de la deuda de la AEE presentó un recurso legal en el que pedía una semana adicional para presentar el documento del Plan de Ajuste, que debería haber sido entregado ayer al tribunal federal que lleva el caso.
El pasado septiembre, la JSF y el Gobierno de Puerto Rico anunciaron que se llegó a «un impás» en la mediación con los acreedores de la AEE al no dar frutos las negociaciones.
El proceso para reestructurar la deuda de la AEE está siendo largo y lento, desde que el Gobierno de Puerto Rico se declaró en quiebra en 2016.
En enero pasado, se aprobó un plan de reestructuración de cerca del 80 % de la deuda del Gobierno central de la isla, que quedó reducida de 33.000 millones de dólares a 7.300 millones.