La Paz, 12 dic (EFE).- La aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) de Bolivia está estancada en el Parlamento por las divisiones internas en el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), en vísperas de una sesión en la Cámara de Diputados en la que se debe retomar la discusión luego de varios días de pausa.
Las tensiones enfrentan a un grupo de legisladores oficialistas cercanos al presidente de Bolivia, Luis Arce, con la llamada «bancada radical», que son los parlamentarios afines al exmandatario y jefe nacional del MAS, Evo Morales, quien ha criticado la ausencia en el presupuesto de recursos para algunas obras que se consideran importantes.
La pasada semana el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó los alcances del PGE a los legisladores, sin embargo, la sesión legislativa en la que se debía aprobar esa asignación de recursos para la gestión 2023 tropezó con las discordancias, por lo que se postergó para este martes.
CARACTERÍSTICAS DEL PGE 2023
El PGE consolidado para el próximo año supera los 35.000 millones de dólares, un 3,8 % mayor al que se asignó en 2022, y de los que un 59,2 % están orientados al gasto corriente mientras que un 16,1 % va a gastos de capital, además de un 10,1 % y 10,8 % a las asignaciones de salud y educación, respectivamente, según como está detallado en el proyecto de ley del presupuesto.
La planificación presupuestaria proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,86 % y una inflación de 3,57 % y está orientada a garantizar la «sostenibilidad de las finanzas públicas» y «profundizar el proceso de industrialización».
Por otro lado, el PGE 2023 establece una inversión pública de más de 4.000 millones de dólares a sectores de hidrocarburos, electricidad, minería, infraestructura vial, mantenimiento de carreteras, además, de la inyección de capital a las empresas públicas.
Asimismo, otorga alrededor de 1.671 millones de dólares para el sector productivo para la industrialización, exploración de hidrocarburos (369 millones), producción agropecuaria (350 millones), distribución de energía (307 millones), fortalecimiento de la minería (281 millones) y desarrollo industrial (362 millones).
DIVISIONES EN EL MAS
En declaraciones a EFE, el diputado del MAS Juan José Jáuregui manifestó que en esta ocasión la aprobación del PGE, que en años anteriores se hizo sin dificultades, ha tropezado con las «posiciones políticas» de un sector de legisladores de su partido a los que llamó «radicales».
Jáuregui mencionó que las críticas de ese sector oficialista, que depende de Evo Morales, se debió a la disconformidad ante algunos eventos de organización de la Cámara de Diputados.
«Son (los) mandatos de Evo Morales que están señalando que no se apruebe el presupuesto», indicó Jáuregui.
En contraposición, el senador del MAS Leonardo Loza, que pertenece a la región del trópico de Cochabamba, principal bastión político de Morales, indicó que la falta de acuerdos dentro de la bancada mayoritaria del MAS es una «consecuencia» de la división interna en ese partido hace algunos meses.
Loza lamentó que un grupo del MAS busque culpar a otros copartidarios por la no aprobación del PGE y que en vez de denunciar un supuesto «boicot» a la gestión del presidente Arce «se pueda esclarecer» las dudas sobre el presupuesto.
Loza puso como ejemplo la paralización de algunas obras primordiales hace más de un año como carreteras y puentes que no figuran en la nueva planificación de los recursos.
En tanto que la principal fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC) aseguró que junto al también partido opositor Creemos plantearon que nuevamente se cite al ministro de Economía para conseguir que se hagan algunos ajustes al PGE y así autorizarlo.
Según la Constitución del país, el Parlamento tiene 60 días para aprobar el PGE, desde la presentación del proyecto de parte del Ejecutivo nacional, y en caso de que esto no suceda el presidente queda habilitado para promulgar la ley del nuevo presupuesto anual.
