Ciudad de Panamá, 30 dic (EFE).- El Gobierno de Panamá rechazó este viernes dos recursos legales presentados por la subsidiaria de la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM), que explota en el país una gran mina de cobre y cuyo cese de operaciones comerciales ordenó tras no firmarse un nuevo contrato de concesión.
«Hoy, el Gobierno panameño ha emitido dos resoluciones a través de las cuales rechaza los recursos legales presentados por la firma Morgan & Morgan, en representación de Minera Panamá», indicó un comunicado del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), sin dar detalles sobre las acciones en derecho impulsadas por la empresa.
Al respecto, el Mici solo señaló que estas resoluciones «constituyen los pasos a seguir en el proceso legal para poner la mina de Cobre Panamá en estado de Cuido y Mantenimiento, toda vez que no se han resuelto las diferencias contractuales planteadas por el Gobierno, que reflejen un acuerdo justo para el pueblo panameño».
El miércoles pasado FQM informó que trabajaba «en una serie de pasos para responder a la resolución» emitida por Gobierno el pasado 19 de diciembre, en la que le ordenó presentar en 10 días hábiles contados a partir de esa fecha un plan de «cuido y mantenimiento», es decir, el cese de operaciones comerciales de la mina.
El «impacto y calendario» de dicha resolución «son inciertos», dijo la minera canadiense, y agregó que trabajaba «con el fin de abordar los complejos aspectos prácticos de la reducción de las operaciones del tamaño y la escala de Cobre Panamá».
La mina Cobre Panamá, la más grande de Centroamérica, con una inversión de entre 7.000 y 10.000 millones de dólares y 5.279 trabajadores, comenzó a exportar mineral de cobre en junio de 2019.
Esta mina panameña representa el 45 % de la producción total de FQM, que explota otros yacimientos en varios países, de acuerdo con información de la prensa local.
En 2021 el valor de las exportaciones de concentrado de cobre de Cobre Panamá llegaron a 2.813,4 millones de dólares, indicó la empresa, que destacó que, en promedio, este rubro representa el 75 % del valor total de las exportaciones del país.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional en 2017 la ley de 1997 que avaló la concesión para la explotación de la mina, dada primeramente a otra empresa cuyos derechos recayeron tras varias ventas en Minera Panamá S.A. (MPSA).
En ese contexto, el Gobierno y MPSA iniciaron en septiembre de 2021 las negociaciones para un nuevo contrato de concesión y alcanzaron un acuerdo en enero de 2022, que incluía elevar de 2 % a entre 12 % y 16 % las regalías, garantizar un aporte anual mínimo al Estado de 375 millones de dólares, «10 veces más» de lo que ha aportado la empresa anteriormente, y el pago de impuestos hasta ahora exentos.
Pero este 15 de diciembre el Gobierno de Laurentino Cortizo ordenó el cese de operaciones de la mina argumentando que FQM se negó a firmar un nuevo contrato en base al acuerdo de enero.
El miércoles pasado las partes anunciaron que retomaron sus conversaciones, aunque siguen en firme tanto la orden gubernamental del cese de operaciones de la mina – que continúa trabajando – como el proceso de la empresa para llevar a Panamá a dos arbitrajes internacionales.
