Brasilia, 12 ene (EFE).- El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, presentó este jueves un primer conjunto de medidas que adoptará el Gobierno del progresista Luiz Inácio Lula da Silva para reducir el déficit fiscal del país, las cuales están centradas en el aumento de la recaudación.
El paquete incluye el aumento de impuestos a grandes empresas y a los combustibles, el fraccionamiento de deudas fiscales y la reducción de gastos públicos.
Las medidas anunciadas buscan reducir, o incluso eliminar, el déficit primario (sin incluir recursos destinados al pago de intereses de deuda) de 231.550 millones de reales (unos 46.310 millones de dólares) previsto en las cuentas del gobierno este año.
En caso de que las medidas resulten efectivas, Brasil podría cerrar 2023 con un superávit primario de 11.130 millones de reales (unos 2.226 millones de dólares), según los cálculos del ministerio.
Según la cartera, el conjunto de medidas puede tener un impacto fiscal de unos 242.600 millones de reales (48.520 millones de dólares), aproximadamente, que sería equivalente al 2,26 % del Producto Interno Bruto (PIB).
De acuerdo con Haddad, el 2022 fue un año «muy complicado» desde el punto de vista fiscal porque se tomaron medidas «muy irresponsables» por parte del Gobierno de Jair Bolsonaro sin considerar las consecuencias que habría en el futuro próximo.
«Vamos a arreglar la casa y hacer crecer la economía», dijo Haddad en rueda de prensa, tras la presentación de las medidas.
El ministro, sin embargo, enfatizó que las medidas van a ser acompañadas paso a paso, porque aunque se busca «equilibrar» el presupuesto aún este año, se pueden «tener frustraciones», que obligarán a adoptar otras normas.
Entre las medidas destacan el lanzamiento de un nuevo programa para pagar, con cuotas mensuales y reducciones, las deudas de empresas y contribuyentes con el Fisco que ya vencieron.
Asimismo, la eliminación de una norma que beneficiaba a los contribuyentes con deudas ante el Fisco inferiores a 15 millones de reales (unos 3 millones de dólares) en casi mil procesos ante el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (Carf).
Igualmente una medida que elimina el mecanismo que favorece a los contribuyentes cuando terminan empatadas las votaciones de los miembros del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (Carf), que analiza los recursos contra impuestos y multas.
El Gobierno también se propone reducir en 50.000 millones de dólares (unos 10.000 millones de dólares) los gastos públicos previstos para este año mediante la revisión de contratos.
