Quito, 26 ene (EFE).- El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) de Ecuador declaró este jueves a la minería ilegal como una amenaza contra la seguridad del Estado y aprobó una estrategia para enfrentarla que incluye un mayor control para los materiales utilizados, sanciones y operaciones de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Al mismo tiempo, el Cosepe, el máximo órgano que asesora al presidente de Ecuador en materia de seguridad, también ratificó el respaldo a las concesiones mineras legalmente establecidas, con el apoyo de las fuerzas del orden.
En una rueda de prensa, el secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, explicó que el objetivo es frenar la expansión que ha tenido la minería ilegal en los últimos tiempos, especialmente en provincias fronterizas con Colombia, como Esmeraldas y Sucumbíos, y con Perú, como El Oro, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
La minería ilegal entra así dentro de la misma categoría de amenaza para el Estado que ya tenía, por ejemplo, el narcotráfico, lo que implica operaciones coordinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Ordóñez explicó que esta actividad ilícita «es creciente, incorpora maquinaria pesada y uso de químicos no autorizados como el mercurio, de altísimo nivel de contaminación; destruye el medioambiente y es parte de la cadena de tráfico (ilegal) de armamento, explosivo y lavado de activos».
«La minería ilegal es parte de lo que denominamos crimen organizado, que incorpora narcotráfico, tráfico de armas, de explosivos y de personas y lavado de activos», indicó.
El secretario detalló que la estrategia aprobada implicará un reordenamiento normativo para establecer registros, controles y supervisión estatal sobre las actividades que sirven para que se haga la minería ilegal, como equipos pesados y uso de minerales, además de un esquema de sanciones.
Sobre una eventual confrontación con las guardias indígenas que resguardan los territorios de pueblos originarios donde habitualmente se registran focos de minería legal e ilegal, Ordóñez afirmó que estas no pueden estar por encima de la Policía y las Fuerzas Armadas.
«Es sedicioso pensar que puede haber territorios independientes con una fuerza de seguridad independiente», aseveró.
El secretario añadió que las fuerzas estatales no están facultadas constitucionalmente para operar permanentemente en territorios indígenas, pero sí temporalmente y condenó la posibilidad de que las guardias indígenas vayan contra las concesiones legales y no contra la minería ilegal.
