Sao Paulo, 30 ene (EFE).- El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil abrió este lunes una investigación para determinar si las acciones u omisiones del Estado contribuyeron a la crisis humanitaria que viven los indígenas yanomamis.
La investigación pretende aclarar la exacta dimensión de la crisis humanitaria en curso y determinar sus causas e impactos socioambientales, así como precisar el grado de implicación de cada agente público, según un comunicado del MPF en el estado amazónico de Roraima.
El documento afirma que las evidencias ya recolectadas permiten la «inmediata responsabilización del Estado brasileño» por la crisis, que ha causado la muerte de centenares de yanomamis por desnutrición y por enfermedades relacionadas con la invasión de sus tierras.
Las pruebas «revelan un panorama claro de generalizada desasistencia a la salud, sistemático incumplimiento de órdenes judiciales para la represión a invasores al territorio indígena y reiteradas acciones de agentes estatales» contra la salud y vida del pueblo yanomami, sostiene la fiscalía.
La gravedad de la situación de los yanomamis ganó relevancia hace una semana, cuando el presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajó a esa zona en el extremo norte de Brasil.
El Gobierno ha decretado la emergencia sanitaria y ha enviado a las Fuerzas Armadas para ayudar en la distribución de comida y en la asistencia médica a los yanomamis.
En una población de cerca de 27.000 personas, los yanomamis registraron cerca de 21.883 casos de malaria en el último año, según datos del ministerio de Salud.
El Ministerio de los Pueblos Indígenas calcula que «al menos 570» niños yanomamis fallecieron en los últimos años «por contaminación de mercurio, desnutrición y hambre».
Una de las principales causas de la crisis humanitaria es la acción de mineros ilegales, que usan metales pesados para la extracción de oro, contaminando el agua de los ríos y exterminando la pesca.
Este lunes, Lula ordenó que se tomen medidas para impedir el transporte aéreo y fluvial en el territorio yanomami, para intentar frenar la minería ilegal.
La Policía Federal anunció la semana pasada la apertura de una investigación para establecer si la grave emergencia responde a una «omisión», que pudiera constituir el delito de «genocidio».
