En 2025, Paraguay continuará implementando importantes reformas destinadas a modernizar el país y sostener su crecimiento económico. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran las relacionadas con el transporte público, la legislación laboral, el mercado de valores y el sistema nacional de pagos, además de una esperada reforma de la Caja Fiscal.
La reforma del transporte público apunta a optimizar la planificación, operación y regulación del servicio, priorizando la sostenibilidad y la incorporación de tecnología. Por su parte, la actualización del Código del Trabajo busca adecuarse a las nuevas dinámicas laborales, con propuestas como mejoras en los tiempos de descanso y la modernización de los contratos laborales.
Asimismo, la nueva Ley del Mercado de Valores unificará siete normativas vigentes, simplificando el marco regulatorio para fomentar el cumplimiento y atraer inversiones. En paralelo, la legislación del Sistema Nacional de Pagos garantizará mayor seguridad y eficiencia en las transacciones, respondiendo a los avances tecnológicos y las demandas de inclusión financiera.
Desde antes de asumir la presidencia de la República, la administración de Santiago Peña impulsó diversas reformas, algunas de las cuales fueron aprobadas en 2023. Entre ellas se destacan la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Superintendencia de Valores, la Ley de Créditos de Carbono y la Superintendencia de Pensiones.
Al año siguiente, en el 2024, se continuó con los cambios normativos, como la promulgación del Decreto de Ley de Compras Públicas, la Ley de Organización Administrativa, la Ley de Implementación de Dispositivos Electrónicos de Control, y la reforma y modernización de la Policía Nacional..
Entre otras iniciativas relevantes, también en el Congreso Nacional se aprobó la Ley de Pensión Universal para Adultos Mayores. Otras que se encuentran en pleno estudio en las comisiones del Legislativo se encuentran la actualización de la Ley de Alianza Público-Privada (APP) y la Ley del Servicio Civil, entre otros.
REFORMA DEL TRANSPORTE PÚBLICO
No obstante, el 2025 también se perfila como un año de importantes reformas, algunas de las cuales ya fueron presentadas al Poder Legislativo o están siendo socializadas con la ciudadanía, como por ejemplo, la reforma del transporte público.
En las últimas semanas de diciembre pasado, el Viceministerio de Transporte presentó el anteproyecto de reforma del sistema de transporte público con el objetivo de involucrar a la ciudadanía y a los actores del sector en el proceso. La entidad busca recoger opiniones y sugerencias para enriquecer y fortalecer la propuesta, con un enfoque centrado en las necesidades de los usuarios.
Según el anteproyecto, con la propuesta se busca modernizar y regular el sistema de transporte público en Paraguay, particularmente en áreas metropolitanas. Por ello, establece un marco legal que abarca aspectos de planificación, operación y regulación del servicio, con énfasis en la sostenibilidad, la integración tecnológica y la participación ciudadana.
Además, pretende enfocarse en garantizar un transporte accesible, seguro y eficiente, con un sistema tarifario justo y políticas ambientales responsables.
Entre los puntos clave, el anteproyecto crea un marco institucional liderado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con entidades como el Viceministerio de Transporte y la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran).
Estos organismos estarán encargados de formular políticas, coordinar la planificación y supervisar el servicio de transporte en sus diversas modalidades: municipal, metropolitano, departamental, nacional e internacional. También se promueve el uso de tecnologías inteligentes para optimizar la movilidad.
En cuanto a la prestación de servicios, el anteproyecto regula los derechos y obligaciones de los operadores, estableciendo criterios para la concesión y permisos. Incluye medidas para mejorar la calidad del servicio, la interoperabilidad en el cobro electrónico y la incorporación de sistemas intermodales.
Asimismo, se garantiza la continuidad del servicio y la protección de los derechos de los usuarios, quienes tendrán instancias para denunciar irregularidades y exigir mejoras.
También, el texto propone acciones para fomentar la participación de mujeres en roles técnicos y operativos, y destaca la importancia de la capacitación para mejorar el desempeño del personal del transporte.
REFORMA LABORAL
Por otro lado, uno de los anuncios más relevantes para este año, aunque aún no cuenta con un anteproyecto, es la actualización y modernización del Código del Trabajo, que se encuentra en etapa de discusión mediante una mesa de trabajo.
A finales de septiembre de 2024, el Ministerio de Trabajo instaló la mesa de trabajo para la ‘Actualización y Modernización del Código del Trabajo’, con el objetivo de revisar la legislación laboral, adaptándola a las nuevas realidades del mercado y garantizando un marco normativo que priorice a los trabajadores, al tiempo que fomente una mayor productividad nacional de manera sostenible.
Entre los temas en debate destacan la mejora de los tiempos de descanso, la actualización de los contratos de trabajo y la regulación de nuevas formas de empleo.
‘Además de esta mesa con juristas, también convocaremos a sindicatos, empresarios y otros representantes para incorporar sus aportes en la actualización del Código del Trabajo’, afirmó en su momento la ministra de Trabajo, Mónica Recalde.
También, en diciembre pasado en una entrevista con MarketData, la ministra señaló: ‘Avanzamos tanto con el grupo de empresarios como con un grupo de centrales obreras. Si bien aún no hemos logrado que todos se sienten en una misma mesa, hemos observado avances importantes en la apertura al diálogo. También hemos trabajado de manera más intensa con los abogados laboralistas, quienes realizaron un análisis jurídico exhaustivo, incluyendo legislación comparada y la revisión de la Constitución Nacional’.
Aseguró que la reforma tiene como fecha objetivo junio de 2025. Hasta entonces, se seguirá un calendario para la elaboración de propuestas de artículos relacionados con temas como estabilidad laboral, tipos de contrato, régimen indemnizatorio, vacaciones, fortalecimiento institucional y mejoras en las garantías y condiciones laborales.
Había asegurado también que todas las propuestas serán discutidas bajo un enfoque tripartito, buscando consenso y equilibrio antes de ser presentadas al Poder Ejecutivo en junio. El proceso también incluye el fortalecimiento del Ministerio de Trabajo como autoridad administrativa para garantizar la implementación de estas reformas
LEY DEL MERCADO DE VALORES
También, en agosto del año pasado, el Banco Central del Paraguay (BCP) y la Superintendencia de Valores pusieron a disposición de la ciudadanía el proyecto de ley del Mercado de Valores y Productos, una iniciativa que busca unificar y modernizar el marco regulatorio vigente en el país.
Según explica la banca matriz, en la actualidad, la regulación del sector bursátil está dividida en siete leyes diferentes, lo que genera inconsistencias y vacíos normativos que dificultan la comprensión y el cumplimiento por parte de los agentes locales e internacionales.
La propuesta de unificación tiene como objetivo crear un entorno regulatorio más coherente y efectivo, adaptado a las necesidades actuales del mercado y alineado con los estándares internacionales.
Cabe destacar que el proyecto de ley propone una simplificación normativa que modernizará la capacidad regulatoria del país, alineándose con estándares internacionales, incrementando la protección hacia el inversionista y fortaleciendo la confianza en el mercado de valores y la competitividad del país en el mercado global.
Además, se espera que estas reformas impulsen el desarrollo de un mercado de valores más dinámico, seguro y transparente, lo que a su vez atraerá nuevas inversiones y promoverá el crecimiento económico del país.
Uno de los aspectos destacados del proyecto es la incorporación de un capítulo completo dedicado a la supervisión y fiscalización del mercado de valores, que prevé mecanismos para la prevención de conflictos de intereses, así como sanciones más claras y efectivas para quienes incumplan la normativa.
Además, el proyecto prevé la creación de un registro centralizado para los emisores, intermediarios y participantes del mercado, lo que facilitará aún más el control y transparencia en las operaciones.
REFORMA DEL SIPAP
En diciembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) inició la socialización del nuevo proyecto de Ley del Sistema Nacional de Pagos (SNP), que tiene como objetivo establecer un marco regulatorio moderno para promover la eficiencia, seguridad y buen funcionamiento de los servicios y sistemas de pago en el país, fortaleciendo su desarrollo y operación.
La normativa busca garantizar la seguridad, eficiencia e inclusión financiera en todas las operaciones relacionadas con pagos, transferencias y liquidaciones, abordando además el impacto de los avances tecnológicos y las necesidades de innovación en el sector.
Según el documento, la ley regula el funcionamiento general del SNP, estableciendo reglas para la compensación y liquidación de operaciones, la custodia de valores y las garantías entre los participantes del sistema. También define las condiciones bajo las cuales deben operar los sistemas de pago, asegurando transparencia, interoperabilidad y competitividad.
El ámbito de aplicación de la normativa incluye todos los servicios y sistemas de pago en Paraguay, las operaciones de política monetaria vinculadas a la liquidación de sistemas y a los participantes y proveedores de estos servicios. Asimismo, regula las garantías constituidas dentro del marco del sistema y las operaciones financieras asociadas.
REFORMA DE LA CAJA FISCAL
Una de las reformas más importantes y esperadas para este año es la de la Caja Fiscal. El Ministerio de Economía y Finanzas anunció que el proyecto se encuentra en etapa de preparación, y también hay senadores interesados en presentarlo como proyecto de ley.
Cabe explicar que la Caja Fiscal es la entidad previsional que reúne a todos los trabajadores del sector público (Administración Pública, Docentes Universitarios, Magistrados Judiciales, Magisterio Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Nacional) y tiene como propósito otorgar beneficios de jubilaciones y pensiones.
Sin embargo, en los últimos años se registró un incremento del déficit global, principalmente debido al desequilibrio financiero en los sectores del Magisterio Nacional y las Fuerzas Públicas. Concretamente, entre 2016 y 2020, el déficit acumulado de estos sectores ascendió a USD 965 millones, de los cuales USD 671 millones correspondieron a las Fuerzas Públicas y USD 294 millones al Magisterio Nacional.
Según el MEF, El agravamiento del déficit obligó a destinar crecientes recursos para cubrir el gasto de sectores cuyas contribuciones resultan insuficientes para financiar jubilaciones y pensiones. Estos recursos, que alcanzaron USD 671 millones provenientes del Tesoro Público (impuestos), representan un alto costo de oportunidad al ser destinados a cubrir la brecha de gasto de las Fuerzas Públicas.
“Esta situación obliga a un análisis urgente de las condiciones actuales para el acceso a los beneficios de todos los sectores que componen la Caja Fiscal”, mencionaba el MEF en un informe.
