En Paraguay, se calcula que el 50% de los hogares no realiza un presupuesto familiar de gastos mensual, mientras que el 65% de las personas no utiliza las herramientas financieras y prefiere ahorrar en el hogar – ya sea en la alcancía o “debajo del colchón” –.
Estos datos fueron arrojados por el estudio “Medición de Capacidades Financieras; principales hallazgos en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay”, elaborado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Los resultados de estas encuestas revelan que nuestro país se encuentra entre los que enfrentan los mayores desafíos para avanzar en inclusión financiera, dentro de la región.
Diferentes investigaciones y análisis de desarrollo económico comprueban que la inclusión financiera juega un papel de suma importancia a la hora de disminuir la desigualdad económica de los países, reducir la pobreza, aumentar la formalización dentro del sector laboral, promover la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y las minorías, además de permitir que tanto las empresas como las familias puedan acceder a fuentes de financiamiento.
La inclusión financiera permite a las personas de un país acceder a los servicios financieros de calidad, pero esta inclusión va de la mano no solo de la ampliación de las redes de servicios, sino también de la educación financiera, la cual es de suma importancia para que las familias puedan tomar decisiones racionales y satisfagan sus necesidades como consumidores.
Sin embargo, el 17% de la población en Paraguay no cuenta con metas financieras a largo plazo y somos uno de los países cuyos habitantes se identifican más con gastar el dinero antes que con ahorrarlo, según el mencionado estudio de CAF.
En cuanto a la situación por territorio, se destaca que en la zona urbana solo el 31% posee acceso a educación financiera; y en la zona rural, el 27%. De acuerdo con el estatus socioeconómico, en el nivel bajo solo el 17% cuenta con cierta educación financiera, mientras que en el nivel alto se observa una mayor incidencia, de 40%.
¿Cómo se utilizan los servicios financieros en Paraguay?
En el país existen 5.156.208 personas adultas, esto significa que el 71% de la población se encuentra en edad suficiente para participar del sistema financiero. En el departamento Central, el porcentaje de personas adultas es de 71 % y en Asunción, de 75%.
Según el boletín de indicadores y datos de bancarización elaborado por el Banco Central del Paraguay (BCP), al cierre de marzo de 2020, existen 8.087 canales de acceso a servicios financieros en el territorio nacional, número que exhibe una mejora de 1,2% respecto a diciembre del 2019. De estos canales, el 68% corresponde a corresponsales no bancarios; el 18%, a cajeros automáticos; el 7%, a las sucursales; el 4% corresponde a los tausers y el 2%, a centros de atención al cliente.
Siguiendo con los canales de acceso, en el 2020 por cada 100.000 adultos existen 157 canales:
Analizando las cuentas habilitadas en el sistema y los depósitos realizados por los consumidores, la mayor parte se concentra en ahorros a la vista, con el 65,3%, mientras que las cuentas básicas y corrientes cuentan con una participación de 31,5%.
Otro punto para destacar en cuanto al uso de estos instrumentos financieros son los saldos en las cuentas en guaraníes: el mayor porcentaje se observa en los ahorros a plazo – CDA – con el 43%; seguido del saldo en cuenta corriente, con el 25%; y los ahorros a la vista (18%).
La cantidad de cuentas y la clasificación de los depósitos por cada 100.000 adultos es de 81.447, cifra 2,7% mayor a la cantidad de depósitos por adultos observados al cierre del 2019.
Un enfoque interesante para analizar son los depósitos realizados en cuentas con un desglose por género. En el total de las cuentas, el 49% fue realizado por hombres; mientras que el 41%, por mujeres. En los depósitos en cuenta corriente, las mujeres tienen una participación del 26%, mientras que los hombres lo hacen en un 45% (la suma de dicho porcentaje no equivale al 100% debido a la existencia de empresas con este tipo de cuentas).
En cuanto al acceso al crédito, el total de los deudores físicos es del 99%, mientras que las personas jurídicas representan el 1% del total del sistema financiero. Observando los indicadores de uso de préstamos, existe una cantidad de 26 deudores por cada 100.000 adultos, indicador que tuvo un pequeño crecimiento (de 1,5%) desde diciembre del 2018.
Los préstamos del sistema financiero representaron el 41% del producto interno bruto (PIB) del país al cierre del 2019, esta incidencia tuvo un crecimiento de 16,7% desde el 2017.
Si desglosamos los datos de acceso al crédito por género, existe una diferencia del 20% entre hombres y mujeres. En el caso de los créditos dedicados al comercio por menor, las mujeres cuentan con una mayor participación, de 48%, mientras que la de los hombres es del 44%. Por el lado de los créditos dedicados al consumo, las mujeres poseen una participación de 42% y los hombres, del 57% (la suma de este porcentaje tampoco equivale al 100%, debido a la existencia de empresas con este tipo de cuentas).
La inclusión financiera, en la agenda pública
Dentro de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de las Naciones Unidas, la inclusión financiera es considerada una herramienta fundamental. Por el lado de la reducción de la pobreza, ayuda al acceso a líneas de créditos para los pequeños y medianos emprendimientos; y por el lado de la educación, fomenta el conocimiento y aplicación del ahorro, la inversión, además de ser un medio importante para que muchas personas puedan lograr el acceso a la educación superior.
Otro punto importante es la herramienta brindada a las mujeres para su autonomía y empoderamiento económico debido a que, en su mayoría, tienen menor acceso al crédito, salarios más bajos y un gran porcentaje se encuentra sumergido en el sector informal.
Además, el escaso acceso de las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) al crédito formal es una debilidad sobre la cual se está discutiendo con mayor intensidad en la actualidad, ante los shocks económicos generados por la pandemia del COVID-19.
En cuanto a este último punto, el Gobierno lanzó un vehículo financiero denominado Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy). Este producto sirve de garantía a los bancos y financieras para que puedan otorgar créditos a medianas y pequeñas empresas, con el fin de proteger los puestos laborales de miles de personas empleadas dentro de este sector.
Recordemos que las mipymes emplean al 75% de la población ocupada en nuestro país, según la Encuesta Continua de Hogares al primer trimestre del 2020, elaborada por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC).
Siguiendo con el caso particular de nuestro país, una de las medidas tomadas para fomentar la inclusión financiera es el ENIF (Estrategia Nacional de Inclusión Financiera). Tiene como objetivo la reducción de la pobreza y el impulso del crecimiento económico del Paraguay, a través de la inclusión y mediante la unión de las fuerzas de los sectores público y privado.
Avanzar en la educación y reducir la informalidad, para lograr la inclusión
La importancia de la educación financiera radica en que es una herramienta fundamental para que las familias puedan realizar un planeamiento de cómo utilizar sus recursos, así como las líneas de crédito a las cuales pueden acceder. Deben tener el conocimiento de la importancia del ahorro para contar con un colchón financiero, siempre que sus ingresos lo permitan.
En esta parte del análisis de la educación, es de suma importancia separar los enfoques que puedan ser brindados mediante los estratos tanto de pobreza como de pobreza extrema. Para las familias de escasos recursos, es fundamental brindar las herramientas para que estas puedan conocer la importancia del planeamiento y los presupuestos financieros a nivel individual como consumidores, y de esta manera puedan manejar de manera más efectiva sus ingresos y egresos.
Otro punto interesante de la educación es el conocimiento de las herramientas financieras a las que pueden acceder por medio del crédito y los conceptos relacionados a las tasas de interés aplicadas.
Viendo la importancia del acceso al crédito de las familias para que estas puedan llevar a cabo emprendimientos o generar otro tipo de ingresos, conocemos la realidad. Esto puede sonar como algo teórico y difícil de aplicar a la situación en la que hoy se encuentra la mayoría de las familias, pues sus ingresos dependen del sector informal – los trabajadores informales representan el 63,7% de la población activa del país –.
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Si bien fomentar la educación financiera es una de las fuerzas que pueden lograr la disminución de las brechas de acceso a servicios financieros, uno de los principales pilares para analizar y establecer políticas a largo plazo para lograr el desarrollo sostenible y el crecimiento en su conjunto es reducir la informalidad del mercado laboral.
Ningún trabajador o familia dependiente de dicho ingreso podrá acceder a las herramientas y hacer uso de ellas si no cumple con los requisitos formales establecidos por las entidades financieras. Hablamos de depósitos, créditos o simplemente la realización de una transferencia bancaria o el uso de un cajero automático.
