La decisión de Paraguay de suspender temporalmente las negociaciones con Brasil sobre el Anexo C del Tratado de Itaipú, tras la admisión de un caso de espionaje entre junio de 2022 y junio de 2023, genera incertidumbre sobre el futuro de las conversaciones.
Además, surgen dudas sobre quién se vería beneficiado en este nuevo escenario: Paraguay, Brasil o ninguno de los dos. Diferentes expertos comparten su análisis con MarketData.
Para la ex viceministra de Minas y Energía, ingeniera Mercedes Canese, Paraguay “de ninguna forma” debería abandonar las negociaciones.
Sin embargo, considera que el contexto actual debe aprovecharse para endurecer la posición negociadora del país, en lugar de retirarse de la mesa de diálogo. Según explicó, a Brasil le conviene que las cosas continúen tal como están.
“Hoy nosotros no estamos vendiendo la energía a precio de mercado, sino que a un precio miserable que es un enorme beneficio que ha tenido Brasil en la firma del Tratado de Itaipú desde que empezó a generarse la energía en el año 84”, sostuvo.
Canese señaló que el hecho de que Paraguay le dé más tiempo a Brasil es justamente lo contrario que tendría que haber sido el resultado del impasse diplomático.
Además, cuestionó que a ciencia cierta no se sabe con exactitud cuáles son los puntos que Paraguay está negociando, no se conoce cuál es la agenda.
SOBERANÍA
La experta señaló también que Paraguay debe tomar decisiones soberanas sobre su 50% de la energía de Itaipú y Yacyretá sin necesidad de consultar a Brasil ni a Argentina.
De acuerdo a Canese, antes de continuar las negociaciones, el país debería contratar el 100% de su potencia en ambas hidroeléctricas y luego ofrecer el excedente a precio de mercado.
La revisión del Anexo C debe oficializar esta medida y asegurar que la energía sobrante se comercialice libremente.
Además, a su criterio, la renegociación debe abordar el incumplimiento del tratado en el pasado, incluyendo la revisión del grado de amortización de la deuda de Itaipú.
También se deben exigir compensaciones por deudas sociales y ambientales con comunidades indígenas afectadas, así como garantizar la construcción de obras pendientes, como las esclusas de navegación.
Canese refirió que Paraguay debe mantener un diálogo fraternal con Brasil, pero exigiendo justicia y respeto a su soberanía.
La deuda histórica de Brasil con Paraguay por Itaipú es un punto fundamental, ya que, según dijo, la hidroeléctrica benefició el desarrollo industrial de San Pablo, mientras que Paraguay no obtuvo los mismos beneficios.
SUSPENSIÓN TEMPORAL FAVORECE A BRASIL
Dijo también que, en 2023, al cumplirse 50 años del tratado, Paraguay tenía la oportunidad de fortalecer su posición, pero en lugar de exigir el precio de mercado, permitió la aplicación de una tarifa superior al costo real, lo que mantiene un fondo social y ambiental discrecional, sin controles ni transparencia.
A la opinión de Pedro Ferreira, expresidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la suspensión de la negociación le favorece a Brasil, ya que, según detalló, el año pasado el Gobierno de Paraguay llegó a un acuerdo de que a partir de enero 2027 ya no se iban a incluir ningún tipo de gastos ajenos a la explotación y al sector eléctrico en Itaipú.
“Por lo tanto, de seguir vigente el actual anexo C, la tarifa de Itaipú cae más o menos a USD 7, a USD 10” y esta caída beneficiaría casi exclusivamente al Brasil. “La suspensión como una medida de mediano plazo no tiene sentido”, afirmó.
Al igual que Canese, Ferreira también opinó que las negociaciones del Anexo C debieron cerrarse durante la presidencia de Mario Abdo.
Explicó que el nuevo Anexo C debe considerar la finalización del pago de la deuda, lo que implica un cambio en el sistema de fijación de tarifas.
BENEFICIOS Y EQUIDAD
En este punto explicó qué, en lugar de priorizar la recaudación para cubrir la deuda y los gastos, los estados deben adoptar un nuevo esquema que garantice un reparto equitativo de los costos entre ambos países, especialmente porque estos son actualmente muy bajos.
“El beneficio tiene que quedar igual igual en cada país, ya no en aquel que compra más. Entonces, eso es lo que tiene que estar en el nuevo Anexo C. Pero si ya baja al piso la tarifa que es lo que va a ocurrir en enero del 2027, entonces el Brasil ya consiguió lo que quería con el anexo vigente sin que se apruebe un nuevo anexo”, indicó.
Por otro lado, a la opinión del expresidente de la ANDE, la relación entre Paraguay y Brasil es formalmente amistosa, pero en la práctica presenta tensiones.
Ferreira señaló que Brasil no apoyó recientemente al ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay (Rubén Ramírez Lezcano) en su candidatura en la OEA, y que el país vecino se enteró del caso de espionaje sin una comunicación oficial.
Además, las diferencias ideológicas entre los gobiernos de Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) y Santiago Peña contribuyen a una falta de afinidad. A esto se suman problemas como el contrabando de productos paraguayos hacia Brasil, lo que afecta la percepción de respeto mutuo.
Ferreira sugirió que Paraguay no siempre actúa con la firmeza necesaria para ganarse el reconocimiento que merece como nación, debido a las decisiones de sus autoridades y los intereses que financian sus campañas.
“A mí me parece que ambos gobiernos se habían comprometido a finalizar la revisión del Anexo C para finales de diciembre. Solo en ese contexto, y considerando que ya se había avanzado algo, tiene sentido que Paraguay cediera y aceptara la reducción de la tarifa a partir de enero de 2027, con solo 1 año y 9 meses de anticipación. No tiene lógica semejante cesión si no había un progreso tangible con el Anexo C”, manifestó.
Sin embargo, ese plazo no se cumplió, y el gobierno paraguayo propuso una nueva fecha para finales de mayo, que ante este nuevo escenario, cree que no se logrará cerrar para esa fecha, por lo que podrían estar aprovechando esta crisis para prolongar las negociaciones, ya que Brasil no valora adecuadamente nuestra energía.
NINGUNO DE LOS PAÍSES SE BENEFICIARÁN
Ferreira enfatizó también en que el problema radica en que Brasil no está dispuesto a pagar un precio justo por la energía paraguaya.
A pesar de que Brasil está comprando energía a un promedio de USD 100 por megavatio hora, la oferta para la energía paraguaya es de entre USD 7 y USD 20, lo que es “completamente irrisorio”.
En esta línea, mencionó que Paraguay necesita buscar alternativas para romper el monopolio de compra que tiene Brasil, ya que su comportamiento irracional podría llevar a una situación injusta, donde se vendan grandes volúmenes de energía a precios extremadamente bajos.
Sin embargo, según Ferreira, cambiar esta situación es un desafío, ya que no hay infraestructura inmediata para vender a otros países, y el tiempo se está agotando rápidamente.
Victorio Oxilia Dávalos, experto en energía e investigador de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), señaló que suspender las negociaciones no es beneficioso para Paraguay, ya que la situación debe resolverse en el corto plazo.
Explicó que Brasil debe proporcionar aclaraciones, y si las explicaciones son satisfactorias para el gobierno paraguayo, se podría allanar el camino para retomar las negociaciones.
Oxilia resaltó que las cuestiones en juego son estratégicas y fundamentales para Paraguay, por lo que esta suspensión temporal tampoco le conviene a Brasil.
Además, destacó que para Paraguay es vital continuar negociando, ya que existe una hoja de ruta acordada aproximadamente un año atrás, cuando se firmó un entendimiento entre ministros de ambos países.
