Asunción, 3 ago (EFE).- El proyecto, aprobado por el pleno de la Cámara Alta, respalda al Poder Ejecutivo en las acciones emprendidas ante Argentina para garantizar la libre navegabilidad en la hidrovía y exhorta a las autoridades de los gobiernos que suscribieron el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná a adoptar las medidas que garanticen el libre tránsito.
Los senadores paraguayos alegan que el impuesto argentino transgrede las «normas de orden jurídico internacional», se lee en un oficio dirigido al presidente de la Cámara Alta, Silvio Ovelar, y firmado por la mayoría de los parlamentarios.
El pasado domingo, la Cancillería de Paraguay expresó a Argentina el reclamo para una «pronta solución» al embargo e interdicción de un buque de bandera paraguaya impulsado por la Administración General de Puertos del vecino país por el cobro de un peaje en el tramo de la hidrovía Paraguay-Paraná que discurre por el territorio argentino.
Medios locales indicaron que la decisión afecta a un buque remolcador con bandera paraguaya de la empresa HB GRUS que llegó al vecino país a descargar soja brasileña.
La deuda ascendería a 4.232 dólares (unos 3.840 euros), según las versiones periodísticas.
Paraguay se ha declarado contrario a una resolución del Ministerio de Transporte de Argentina (1023/2022) que fija, a partir del 1 de enero de este año, una tarifa de 1,47 dólares (unos 1,33 euros) por tonelada para las embarcaciones de transporte internacional y de 1,47 pesos argentinos (0,0054 dólares) por tonelada para las cargas de cabotaje (nacional) en el tramo Puerto de Santa Fe-Confluencia.
La hidrovía representa para países como Bolivia y Paraguay, que no tienen acceso al mar, una salida al océano Atlántico.
