Quito, 14 dic (EFE).- Los abogados del empresario y político ecuatoriano Daniel Noboa, que demandó a la aseguradora española Mapfre en España y en Ecuador por un presunto delito de vulneración del derecho a la intimidad y revelación de secretos, evalúan hacerlo en más países, según un comunicado emitido este miércoles.
El equipo legal que patrocina a Noboa consideró que la demanda del asambleísta puede tener repercusión en más de 20 países donde opera la multinacional española.
La denuncia se basa en la presunta divulgación indebida de datos de Noboa por parte de un empleado de Mapfre Atlas, filial de la aseguradora española en Ecuador, quien los obtuvo al acceder a la base de datos de la empresa Equifax y que fueron utilizados por la exmujer del empresario durante el proceso de divorcio de la pareja.
De acuerdo a la querella presentada en España, que fue admitida a trámite en julio de 2021 y a la que tuvo acceso EFE en su momento, la información obtenida – datos patrimoniales, de crédito, domicilio, y otros -, fue empleada por la exmujer de Noboa durante las negociaciones de la pensión alimenticia tras el divorcio.
Según la defensa de Noboa, asambleísta por el Movimiento Ecuatoriano Unido y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional (Parlamento), este caso supone un precedente histórico en el ámbito de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, aprobada en mayo 2021.
En Ecuador, la Fiscalía ha iniciado diligencias contra Mapfre Atlas, a cuyas oficinas en la ciudad de Guayaquil llegaron en noviembre peritos de criminalística para acceder al computador del empleado que obtuvo y transfirió información restringida del empresario sin que este ni siquiera fuese cliente de la empresa aseguradora.
Según indicó Fernando Yávar, abogado que pertenece a la defensa técnica del denunciante, en esa diligencia se logró identificar el correo enviado por el trabajador de Mapfre Atlas, «en el que se adjunta la información extraída del sistema de Equifax, donde constan todos los datos crediticios del ciudadano afectado».
La Fiscalía dispuso que Mapfre entregue una certificación de la información cruzada entre los implicados con sus respectivos anexos, a efectos de ser analizada por los investigadores.
En su descargo, la filial de la empresa española indicó que el empleado habría actuado «por su propio interés y no por órdenes» de la compañía.
Noboa considera al empleado como autor material del presunto delito, pero también a Mapfre como autora por omisión de varios deberes, entre los que destaca la falta de organización con debida diligencia y la ausencia de vigilancia de la actuación de un empleado.
