Quito, 29 ene (EFE).- La rotura de un oleoducto privado en una región montañosa de la Amazonía de Ecuador, que generó el pasado viernes un derrame aún no cuantificado de crudo, reanudó una larga telenovela de los pasivos ambientales provocados por la industria petrolera en esa selva considerada como un pulmón del mundo.
El peligro de que el vertido de petróleo derramado por la rotura del Oleoducto de Crudos Pesados llegue a fuentes de captación de agua o al caudaloso río Coca, es la tarea principal de las entidades públicas y privadas involucradas en el trabajo de reparación, remediación y limpieza del área afectada.
El consorcio OCP-Ecuador, que opera el oleoducto, aseguró que la rotura de su tubería se debió a la caída de rocas sobre la infraestructura, que derivó en el derrame, ampliamente difundido a través de redes sociales por habitantes de la zona que han expresado su frustración por la recurrencia de este tipo de sucesos.
El percance ocurrió en la zona del río Piedra Fina, en la zona de San Luis, afectada desde hace unos años por una erosión regresiva del suelo que obligó a construir variantes en el trayecto de los dos oleductos que pasan por el lugar y que ya, en abril del año pasado, generó un derrame que afectó a muchas comunidades de la zona.
Tras la rotura de la tubería de OCP, el Gobierno ecuatoriano acudió a su ayuda y desplegó material y equipo para apoyar las acciones de contingencia de la firma privada.
«Continúan los trabajos de remediación en el sector de Piedra Fina en la provincia de Napo. Con carros-tanque se retira el crudo para evitar mayores afectaciones en la zona. Trabajamos articuladamente con los ministerios de Ambiente y Gobierno (Interior) para el seguimiento de las labores en sitio», escribió en su cuenta de Twitter el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo.
Además, informó de que personal de Petroecuador y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército se encuentra en el lugar del percance «apoyando las tareas de contingencia que ejecuta OCP».
«Proteger el medio ambiente y la seguridad de las comunidades cercanas es nuestra prioridad», apostilló.
De su lado, el Ministerio de Ambiente, en un comunicado, recordó que ha dispuesto, «con carácter urgente e inmediato, actividades de contingencia, limpieza y remediación en el área afectada».
Personal de Ambiente verifica «in situ» la ejecución de las acciones de remediación por parte de OCP e investiga la existencia de indicios de daño ambiental e hídrico.
Asimismo, esa cartera ha solicitado, como medida preventiva, que las autoridades de las provincias amazónicas de Orellana, Sucumbíos y Napo activen «los planes, mecanismos y acciones necesarias dentro del marco de sus competencias para garantizar la protección de cuencas y micro cuencas» hidrológicas.
Informes técnicos preliminares han advertido de que el vertido podría llegar «hasta las inmediaciones del río Coca y posiblemente a cuerpos de agua cercanos», añadió el Ministerio, tras asegurar que, de momento, «no se ha determinado afectaciones en puntos de captación de agua para consumo humano».
Por su lado, la empresa OCP aseguró que ha iniciado un proceso de limpieza y remediación ambiental de la zona afectada, con el objetivo de «evitar, reducir, mitigar y reparar cualquier impacto» del percance.
OCP ha instalado en la zona «piscinas de contención de crudo» y ha decidido detener la operación de su sistema de transporte «como medida preventiva».
Sin embargo, colonos, indígenas y activistas ecológicos de la Amazonía han advertido de la llegada de trazas de contaminación petrolera a las riberas del caudaloso río Coca.
El abogado Pablo Fajardo, que defendió a comunidades indígenas afectadas por la petrolera estadounidense Texaco (ahora Chevron), aseguró a Efe que habitantes de la comunidad de Panduyacu han constatado trazas de contaminación en el río Coca.
Esto, pese a que la empresa OCP había asegurado el viernes que el vertido ya había sido controlado y que el sitio de la rotura del OCP no se encontraba directamente expuesto a los ríos de la zona.
