Ciudad de México, 19 dic (EFE).- Cientos de agricultores de la Sierra de San Miguelito, ubicada en el estado mexicano de San Luis Potosí, centro del país, exigieron este domingo al presidente Andrés Manuel López Obrador que modifique el decreto que declara a la zona como Área Natural Protegida (ANP).
Los ejidatarios (personas a las que el Gobierno ha otorgado una porción de tierra) y los comuneros (titulares de derechos en una comunidad agraria legalmente reconocida) propietarios de la Sierra de San Miguelito (SSM), una área de 111.160 hectáreas, han formado el Frente Agrario pro-Familias de la SSM porque, dicen, son «los auténticos y legítimos dueños de la tierra».
El pasado lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto presidencial por el que se declara Área Natural Protegida «con carácter de Área de Protección de Flora y Fauna (APFF), a la Sierra de San Miguelito, ubicada en San Luis Potosí en los municipios de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, Villa de Reyes y Villa de Arriaga.
López Obrador explicó que la declaración de la Sierra de San Miguelito como ANP «incluirá la implementación de la iniciativa de reforestación Sembrando Vida, lo que beneficiará a campesinos habitantes de 35 ejidos y dos comunidades ubicados en las 111.160 hectáreas de territorio».
Según el decreto emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la SSM queda con «carácter de categoría del Área Natural Protegida de protección de flora y fauna, donde existen siete zonas núcleo con 24.515 hectáreas que hace el 22 % de esta ANP.
En tanto, la zona de amortiguamiento queda con 86.644 hectáreas y un 78 % esta ANP y con el cuidado de 700 especies vegetales y más de 300 especies animales.
ESTUDIO AMAÑADO
Pero para los ejidatarios y comuneros, el estudio previo llevado a cabo por la Semarnat y por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para fundamentar esa declaratoria «estuvo amañado» y con ello «engañaron al presidente porque no contaron con el consenso, ni con acuerdos con los ejidatarios y comuneros», explicó a Efe Salomé Marín Castillo, un ejidatario de un núcleo agrario afectado por el decreto.
Ante ello piden ser tomados en cuenta «mediante un diálogo» porque el decreto «nos perjudica ,estamos seguros de que el presidente fue mal informado y engañado por parte de estas dependencias y no imagina el enorme daño que nos causa».
Recordó que con el decreto están siendo «perjudicados y despojados» de sus tierras 36 núcleos agrarios, 35 ejidos más una comunidad, que de la noche a la mañana han resultado afectadas y por ello piden diálogo con autoridades municipales, estatales y federales «para que seamos escuchados e intentar llegar a un consenso».
El ejidatario dijo que la preocupación por la pérdidas de las tierras se ha instalado en las comunidades.
«Nos han quitado todo, incluso lo que no necesita ser protegido porque dentro de la sierra hay zonas donde no hay ni flora ni fauna, son tierras sin nada de vegetación, ni animales», apuntó.
Marín Castillo dijo que no piden que «se eche atrás el decreto porque sí queremos que la flora y la fauna de la sierra sea protegida, pedimos que se nos escuche y se modifique el decreto para que no se nos despoje y se nos condene a la pobreza».
Señaló que son más de 30.00 familias las auténticas dueñas de las tierras en la Sierra de San Miguelito y que aunque muchos los ejidatarios y comuneros «quisieran manifestarse de otro modo», el grupo ha acordado primeramente la vía del diálogo.
Adelantó que en los primeros días de 2022 viajarán a la Ciudad de México para buscar entrevistarse con López Obrador y el secretario de Gobernación (Interior), Adán Augusto López.
Sobre las tierras, dijo que en algunos núcleos agrarios han sido certificadas, confirmadas y tituladas desde de 1950.
