Ciudad de México, 14 abr (EFE).- Organismos autónomos mexicanos y asociaciones civiles alertaron este miércoles por la reforma aprobada en el Senado que obligará a los usuarios de telefonía móvil a compartir sus datos biométricos con las compañías.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) advirtió de «riesgos latentes» porque la legislación vulneraría la privacidad de los usuarios y su información personal.
«Cualquier afectación o vulneración de datos biométricos podría generar daños significativos de una difícil o imposible reparación. Se debe limitar al máximo la recolección de datos biométricos», consideró el órgano autónomo en un pronunciamiento.
El Senado aprobó el martes, con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM).
El padrón contendrá el número de línea, fecha y hora de activación, nombre completo del usuario, su Clave Única de Registro de Población (CURP) y sus datos biométricos, entre otra información.
Los concesionarios dejarán sin servicio a quienes no proporcionen sus datos.
Aquellos con líneas preexistentes tendrán un plazo de dos años para acudir a dar su información y de seis meses para nuevas líneas.
Con esto, México se convierte en uno de casi 20 países del mundo que exige los datos biométricos, que incluyen las huellas digitales y el iris.
«¿Cómo es que México ingresa al grupo de países de corte dictatorial y autoritario al obligar a las personas a entregar datos biométricos para utilizar un teléfono celular?», cuestionó este miércoles el senador independiente Emilio Álvarez Icaza.
La iniciativa fue propuesta del partido gobernante, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que justificó su necesidad para combatir las extorsiones telefónicas, secuestros y el crimen organizado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó en su rueda de prensa matutina que «está de por medio la seguridad y no puede haber ningún negocio por encima de la seguridad del pueblo».
«Unos que no quieren dar información porque piensan que el Estado va invadir lo que tiene que ver con la libertad y lo individual, decirles que tengan confianza. Nosotros no vamos nunca a llevar a cabo acciones de espionaje», manifestó.
Pero la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) pidió al mandatario vetar la legislación al rechazar sus argumentos.
«Al presidente lo engañan diciéndole que la razón del fracaso de la estrategia de seguridad es la falta de un padrón autoritario y riesgoso para la privacidad», comentó Luis Fernando García, director de R3D.
Senadores de oposición anunciaron que impugnarán la nueva normativa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El 23 de marzo pasado entró en vigor una polémica reforma hecha por el Congreso en 2019 que obliga a usuarios de banca móvil a activar su geolocalización para acceder al servicio, también con el argumento de la seguridad.
Además, la banca mexicana inició con la recolección obligatoria de datos biométricos en 2020.
