Ciudad de Panamá, 17 oct (EFE).- Un grupo de trabajadores, sindicalistas y ambientalistas se manifestaron nuevamente este martes en rechazo a un contrato minero entre el Estado y una empresa subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), y amenazaron con intensificar sus protestas si el convenio es aprobado por el Parlamento panameño.
La manifestación de hoy se produjo un día antes de que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) retome la discusión del proyecto de ley del contrato de concesión entre el Estado y la empresa subsidiaria Minera Panamá, que explota la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, después de que el Ejecutivo lo volviera a presentar el lunes con modificaciones al ente legislativo.
«Este es un contrato leonino, un contrato vende patria que la oligarquía de este país quiere porque se beneficia de él», dijo a EFE Saúl Méndez, secretario general del aguerrido Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).
Méndez afirmó que First Quantum «ha encontrado en los corruptos de adentro, y en los empresarios corruptos, la manera de imponerse frente a una ilegalidad y a una inconstitucionalidad como esta» del contrato minero.
«Por eso es que nosotros hemos apostado por el pueblo, y estamos seguros que es el pueblo el que tiene la fuerza para derrotar este contrato», añadió el líder sindical.
Este miércoles se retomará la discusión en primer debate del proyecto de ley sobre el contrato minero en la comisión legislativa de Comercio, que de aprobarlo lo elevará al pleno legislativo para los dos últimos debates restantes.
El diputado Roberto Ábrego, del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) y presidente de la Comisión de Comercio, dijo hoy que tras las correcciones al contrato de concesión aprobadas por el Gabinete (Ministros), le corresponde a esta instancia legislativa votar a favor o en contra de esta propuesta de ley.
«Este ha sido uno de los proyectos más ampliamente consultados con todos los sectores de la ciudadanía, donde se han recogido todas sus inquietudes y presentadas al Órgano Ejecutivo para que fueran consideradas dentro del proyecto, las cuales han sido aceptadas en su totalidad», señaló Ábrego, según un comunicado de la AN.
Cambios al contrato original
El nuevo contrato minero con las modificaciones fue presentado este lunes a la AN por el ministro panameño de Comercio, Federico Alfaro.
Entre los cambios hechos por el Gobierno, con las sugerencias del Parlamento, está la eliminación de «las cláusulas de expropiación» de tierras y la condición que «permitía a Minera Panamá solicitar restricciones al espacio aéreo» a la vez que se incluyó un apartado que «reafirma que nada en el Contrato restringe ni limita la soberanía de Panamá sobre su territorio».
También se suprimió la disposición que contemplaba que el Estado otorgaría una concesión de exploración de oro, plata y molibdeno, y el derecho de la empresa de solicitar al Estado clasificar la identidad de beneficiarios finales de acceso restringido y en cambio «se establece que esta información está sujeta a la ley».
Ese contrato ley ha sido ampliamente rechazado por grupos ambientalistas, civiles y sindicatos que se han manifestado en la calles, incluso con enfrentamientos policiales.
«Que haya una moratoria minera, que se abra un debate nacional en igualdad de condiciones, y posteriormente a ese debate que haya un referéndum (sobre la actividad minera), y que se respete la voluntad del pueblo», exigió en declaraciones a EFE Jamir Córdoba, miembro del Suntracs.
Córdoba sugirió que en las elecciones generales del 5 de mayo de 2024 se habilite una urna o boleta para que «los panameños decidamos si queremos un país minero o no, pero no por la imposición, porque si es así nos encontrarán en las calles», remarcó.
El Ejecutivo y la empresa minera alcanzaron en marzo pasado un acuerdo final de contrato de concesión a 20 años prorrogables para la explotación de la mina Cobre Panamá, que exporta el mineral desde 2019, con ingresos mínimos anuales de 375 millones de dólares al fisco, y amplios poderes de supervisión estatal a la operación, entre otros.
