Miami, 24 ene (EFE).- Decenas de manifestantes mostraron este martes en Miami (EE.UU.) su apoyo a la demanda presentada por el fondo de capital de riesgo británico CRF en el Reino Unido contra el Estado cubano, al que reclama 72 millones de euros de deudas comerciales supuestamente no saldadas.
Los manifestantes se concentraron junto al restaurante Versailles de Miami, en la emblemática Calle 8, portando pancartas en contra del Gobierno de La Habana en las que pedían la condena del fallecido líder cubano Fidel Castro y su hermano Raúl.
El Banco Central de Cuba (BCC), el pasado 13 de enero, había informado que el proceso se iba a celebrar en el Tribunal Superior de Justicia británico, ante el que el Estado cubano y el Banco Nacional de Cuba (BNC), que ejerció de banco central de la isla hasta 1997, defenderían sus derechos.
Las personas concentradas junto al restaurante Versailles, escenario habitual de las protestas de los cubanos en el exilio contra el Gobierno de La Habana, gritaban e insultaban a los hermanos Castro, para los que pedían una condena ante el Tribunal Internacional de La Haya.
En las pancartas, los manifestantes catalogaban de terroristas a los hermanos Castro y pedían además libertad para los presos políticos que mantiene el Gobierno de La Habana en cárceles de la isla.
El BCC informó que en el procedimiento judicial se dirime si CRF es acreedor del BNC y de Cuba, por un monto de 72 millones de euros.
La entidad subrayó que el fondo «CRF no es acreedor del BNC ni de Cuba y nunca lo ha sido».
El BCC calificó a la firma financiera como un «fondo buitre» y afirmó que está constituida «como sociedad mercantil ‘offshore’ en Gran Caimán», un paraíso fiscal.
Destacó que tanto la entidad como Cuba «jamás han desconocido sus deudas y han mantenido siempre el interés de negociar con sus legítimos acreedores», sobre un proceso que se abrió en Reino Unido hace más de 2 años, tras varias ofertas del CRF no respondidas.
El fondo CRF I, el mayor tenedor de deuda cubana en el Club de Londres, comenzó reclamando unos 100 millones de euros por unos préstamos al Gobierno insular de los bancos europeos Crédit Lyonnais y L’Istituto Bancario Italiano en los años 80.
