Lima, 24 sep (EFE).- El fiscal a cargo de investigar la muerte de dos empleados de McDonald’s que fallecieron electrocutados en uno de sus locales en Perú archivó la denuncia contra la multinacional, después de que la empresa llegara a un acuerdo económico para indemnizar a las familias de las víctimas.
Así lo dictaminó el fiscal Guido Vera, de la 35 Fiscalía Penal de Lima, que cerró el caso sin formular una acusación ante el juez contra la empresa y los responsables del local donde en diciembre de 2019 murieron los jóvenes Carlos Campos y Alexandra Porras, una pareja de 18 y 19 años, respectivamente.
Los dos jóvenes recibieron una descarga eléctrica mortal al entrar en contacto con una máquina expendedora de bebidas defectuosa, pues tenía una fuga de electricidad que supuestamente ya había sido advertida antes por los trabajadores sin que los dueños de la franquicia la reparasen, según las investigación.
De acuerdo con la resolución del fiscal que archiva el caso publicada por el Canal N, las familias se retiran del proceso penal al considerar que sus pretensiones de reparación ya han sido «satisfechas».
La decisión será apelada, sin embargo, por Ricardo Porras, el padre de Alexandra, que no está de acuerdo con que McDonald’s quede libre de responsabilidad penal. «Mi hija nunca cometió un accidente, fue el restaurante», afirmó este jueves en Radio Exitosa.
Para José Ocampo, abogado de Ricardo Porras, «es absolutamente inadmisible que se le ponga precio a la vida de dos jóvenes», porque «la importancia en este caso es crear un precedente para que no se repita».
«El dictamen del fiscal parece escrito por los abogados de McDonald’s. Es increíble. Su conclusión es que como ya llegaron a un acuerdo ya no hubo homicidio. Nos olvidamos, miramos para otro lado y nos hacemos los locos», apuntó Ocampo.
Las negociaciones entre McDonald’s y los padres de Alexandra Porras no estuvieron exentas de polémica, pues aparentemente la madre de la joven recibió más dinero de la multinacional que el padre, según denunció este a finales de agosto en un programa televisivo dominical.
Las muertes de los dos jóvenes causaron una profunda indignación en Perú y obligaron a McDonald’s a cerrar por varios días todos sus locales a nivel nacional, donde se convocaron varias protestas para reclamar justicia y una sanción ejemplar contra la compañía.
En febrero, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) multó a McDonald’s con 845.670 soles (unos 237.000 dólares) «tras haberse comprobado su responsabilidad por el accidente en el que fallecieron los jóvenes Carlos Campos y Alexandra Porras».
Según la Sunafil, un órgano adscrito al Ministerio de Trabajo, McDonald’s cometió seis infracciones calificadas como «muy graves» y una infracción considerada «grave», todas en materia de seguridad y salud en el trabajo.
