Buenos Aires, 15 sep (EFE).- El proyecto de presupuesto 2021 enviado este martes al Parlamento por el Gobierno de Alberto Fernández prevé que Argentina crezca el año próximo un 5,5 % tras tres años de recesión y modere su déficit fiscal.
La iniciativa, el primer presupuesto que diseña el Ejecutivo de Fernández desde su llegada al poder en diciembre pasado, proyecta para el próximo año un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 5,5 %, desde una caída del 12,1 % calculada para este año, en el que por la pandemia de la COVID-19 se han profundizado los efectos de la recesión de 2018 (-2,5 %) y 2019 (-2,2 %).
En cuanto a la inflación, uno de los mayores problemas macroeconómicos de Argentina, en el presupuesto se proyecta un alza del 32 % para 2020, que se desaceleraría a un 29 % en 2021.
De acuerdo con una síntesis de las principales variables presupuestarias difundida por el Ministerio de Economía, el Ejecutivo espera que el próximo año el consumo privado se recupere un 5,5 % y el público, un 2 %, mientras que la inversión crezca un 18,1 %, tras haberse derrumbado este año un 25,6 %.
Por otra parte, se proyecta un superávit comercial de 15.087 millones de dólares, por debajo del saldo positivo por 17.260 millones de dólares esperado para este año.
PRESUPUESTO «REALISTA»
Según el Gobierno, el presupuesto diseñado es «realista» y tiene como principios fundamentales la estabilización macroeconómica orientada a recuperar el crecimiento de la actividad y la sostenibilidad fiscal con vistas a lograr un «equilibrio fiscal compatible con un crecimiento inclusivo».
El Ejecutivo de Fernández promete que el Estado tendrá un «rol activo en el proceso de reconstrucción».
De acuerdo al proyecto de Presupuesto, en 2021 el gasto primario real crecerá un 7,6 % respecto a 2020 sin tener en cuenta las partidas extraordinarias para atender la emergencia por la COVID-19.
«La dinámica de los ingresos y el gasto públicos tenderá a normalizarse respecto a la excepcionalidad de 2020 en el marco de la pandemia de COVID-19», aseguró el Ministerio de Economía en su informe.
Según el Gobierno, los ingresos públicos mostrarán el próximo año una recuperación «robusta», bajo el supuesto de que «la recuperación económica ofrece un piso elevado para la recaudación tributaria a nivel nacional».
Por otra parte, el Ejecutivo confirmó que sigue trabajando en una reforma tributaria que permitirá mejorar la distribución del ingreso.
El presupuesto prevé para el próximo año un déficit fiscal primario (no incluye el pago de intereses de deuda) equivalente al 4,5 % del PIB, desde un resultado negativo proyectado para este año por consultores privados de entre el 7,6 % y el 8,1 % del PIB.
Según el Gobierno, el nivel de déficit previsto para el año próximo «apunta a garantizar una recuperación sostenible de la actividad y el empleo y un fortalecimiento de la inversión pública en áreas estratégicas».
«Es un nivel adecuado y asequible en términos de financiación, compatible con la estabilidad y consistencia macroeconómica», aseguró.
FOCOS DE INVERSIÓN
El Ejecutivo promete dar prioridad el próximo año a la reactivación productiva, la generación de empleo, el apuntalamiento de las capacidades de innovación y el fortalecimiento de la educación y la salud.
Así, asegura que duplicará la inversión real en infraestructura productiva y social respecto a 2019, a partir de una inversión proyectada en 835.000 millones de pesos (10.536 millones de dólares), equivalente al 2,2 % del PIB.
En tanto, la inversión en innovación y desarrollo se incrementará en un 160 % respecto a 2019, a partir de una inversión proyectada en 187.000 millones de pesos (2.360 millones de dólares), equivalente al 0,5 % del PIB.
Por otra parte, el gasto en salud pública crecerá un 49 %, a 199.000 millones de pesos (2.511 millones de dólares), mientras que la inversión en educación y conectividad se incrementará en un 11 %, a 483.000 millones de pesos (6.094 millones de dólares), monto equivalente al 1,3 % del PIB.
En tanto, el Gobierno dijo que destinará el próximo año 270.000 millones de pesos (3.407 millones de dólares) a políticas de inclusión social, con una «consolidación de las transferencias a los sectores más vulnerables y la construcción de puentes con el mercado de trabajo».
