Buenos Aires, 22 jul (EFE).- Pese a que Argentina asegura que le resulta «imposible» pagar más y que sus acreedores afirman que lo que se les ofrece es insuficiente, ambas partes han acortado sustancialmente las diferencias en su dura y prolongada negociación para reestructurar bonos de ley extranjera por 66.238 millones de dólares.
El margen de divergencias se ha acortado tanto que, aún con los discursos aparentemente intransigentes del Gobierno de Alberto Fernández y de los poderosos comités de acreedores, en el mercado apuestan a que un acuerdo para concretar el canje está cerca.
El proceso que se inició en abril pasado, cuando Argentina formalizó una primera oferta valorada en 40 dólares por cada 100 dólares de deuda a canjear, supuso varios intercambios de propuestas alternativas con los tres principales grupos de acreedores.
Argentina finalmente formalizó una oferta mejorada a inicios de este mes, valorada en 53,5 dólares y estableció el 4 de agosto como fecha límite para que los inversores la acepten.
Pero los tres comités de acreedores, que aseguran tener un tercio de los títulos a reestructurar, lo suficiente como para bloquear cualquier intento de canje, por primera vez se alinearon, acordaron rechazar la propuesta argentina y presentar el pasado lunes una contraoferta conjunta.
La reacción del Gobierno fue decir que Argentina no tiene capacidad para pagar lo que piden los acreedores y reafirmar que es imposible ofrecer más de lo ya concedido en la oferta vigente, aunque, de todos modos, se mostró abierto a seguir dialogando.
EL JUEGO DE LAS DIFERENCIAS
«El Gobierno en principio informó que la última propuesta que presentó no tendría modificaciones, y que no realizaría mayores concesiones en las condiciones. No obstante, dada la cercanía entre la propuesta del Gobierno y la contrapropuesta de los acreedores, no se descarta que continúen las negociaciones entre ambas partes», observó la firma de inversiones Puente en un informe.
¿En qué radican las actuales diferencias?
Los grupos liderados por fondos de inversión aceptan la estructura de los bonos que presentó Argentina en su última oferta, pero demandan un cupón de interés promedio mayor, del 3,4 %, frente al 3,11 % de la oferta argentina.
Pretenden además mayores intereses por el bono con vencimiento en 2030 que se dará a los inversores en compensación por los vencimientos de intereses impagos y que el plazo de gracia sea menor, es decir, que Argentina comience a pagar servicios de la deuda en julio de 2021 y no en septiembre, como ofrece el país suramericano.
En los aspectos legales, los acreedores exigen cambios en el mecanismo de asignación de los nuevos bonos que se les darán a los inversores.
«A esta altura la distancia entre las partes es mínima y nos encontramos demasiado cerca de un acuerdo. Es momento de concretarlo», sostuvo la firma de inversiones SBS.
OPORTUNIDAD PARA UN ACUERDO
En términos económicos, la contraoferta de los comités fue valorada por analistas del mercado y firmas de inversión en unos 56,5 dólares en promedio, acercándose bastante a lo ofrecido por Argentina.
«La divergencia de valor presente neto entre las propuestas se redujo a tan solo unos 3 dólares, y, además, se pulieron cuestiones legales», destacó el economista Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.
Para el experto, la unión de los grupos de acreedores, lejos de ser interpretada como una amenaza para Argentina, debería representar «una oportunidad para cerrar exitosamente la reestructuración con un limitado esfuerzo adicional de las partes».
De momento, al menos en lo discursivo, el Gobierno sigue plantado en su posición de no mejorar su oferta y apelar a la «comprensión» de los bonistas respecto de la crítica situación de la economía argentina, en recesión, con alta inflación y niveles de pobreza crecientes.
«Les pido que, por favor, ayuden a salir a Argentina de la postración», dijo este martes el presidente Fernández en un mensaje a los acreedores.
Natalia Kidd
