La Paz, 3 feb (EFE).- El Gobierno de Bolivia dispuso mediante un decreto supremo que la banca destine el 6 % de sus ganancias a la función social, recursos que principalmente irán a reforzar a fondos de vivienda, producción y capital semilla.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló que ese 6 % se destinará principalmente a fondos de garantía ya existentes, según dispone el decreto aprobado en la víspera en el gabinete de ministros.
Esas transferencias de recursos «se van a tener que hacer en un plazo máximo de 30 días» y serán de «carácter definitivo e irrevocable», apuntó Montenegro en una rueda de prensa en La Paz.
El ministro dijo que la medida está prevista en la Ley de Servicios Financieros de 2013, que establece que cuando las entidades financieras tengan utilidades «deben aportar un determinado porcentaje que es fijado en un decreto supremo».
La finalidad es «eliminar la pobreza, eliminar la exclusión económica y eliminar la exclusión social, mencionó.
Montenegro dijo que esta transferencia de recursos a la función social no se aplicó el año pasado con los ingresos de 2020 para que las entidades bancarias efectúen la «capitalización del 100 % de las utilidades», luego de un año marcado por la peor etapa de la pandemia.
En 2020 debido a la cuarentena que se dictó por los primeros casos de la covid-19 también se establecieron medidas gubernamentales de diferimiento y reprogramación crediticia.
El año pasado la banca boliviana registró «225 millones de dólares de utilidades netas», lo que representa un incremento del 60 % con respecto a la gestión 2020 en la que las ganancias fueron de alrededor 140 millones, dijo el ministro.
Montenegro destacó que la cartera bruta de créditos y los depósitos del público hayan incrementado en 4,1 % y 6,9 %, respectivamente.
También detalló que el fondo de garantía para los créditos de vivienda social alcanza 378 millones de dólares mientras que el que se destina al sector productivo tiene un fondo de 261 millones además de 30,8 millones para el fondo de capital semilla.
El decreto también establece mejores condiciones para el acceso a créditos de vivienda como la entrega de «coberturas de riesgo» de hasta el 20 % del crédito de un inmueble «cuando el prestatario no cuente con aporte propio».
