San José, 30 sep. (EFE).- Bloqueos en una veintena de puntos en carreteras del país marcaron este miércoles una jornada de protestas de grupos sociales y sindicales de Costa Rica que rechazan la intención del Gobierno de negociar un acuerdo con el FMI por 1.750 millones de dólares para hacer frente a la crisis generada por la pandemia de la COVID-19, y que incluye nuevos impuestos.
Al grito de «¡No más impuestos!» los manifestantes protestaron frente a la Asamblea Legislativa, al Ministerio de Hacienda y al Banco Central, y además bloquearon carreteras en una veintena de puntos estratégicos, pero no se han reportado hechos violentos.
El exdiputado Célimo Guido, una de las personas que encabeza el Movimiento Rescate Nacional, dijo que «los pobres ya hemos pagado mucho» y que «el hueco fiscal lo han hecho las mafias que no pagan impuestos».
«Esto es un movimiento de resistencia. El presidente no ha dado la cara para negociar y atender la necesidad del pueblo. Estamos en pie de lucha y exigimos no negociar con el FMI y que se vaya el equipo económica que ha sido incapaz e irresponsable», declaró.
El Gobierno cuantificó en poco más de 3.000 las personas que salieron a las calles a manifestarse.
Frente al Banco Central se hicieron presentes grupos sindicales que aseguran que no es necesario que el Gobierno acuda al Fondo Monetario Internacional, pues considera que se puede tomar el dinero de las reservas internacionales que suman unos 8.000 millones de dólares.
Mientras se desarrollaban las protestas, el presidente Carlos Alvarado viajó a la provincia de Puntarenas (Pacífico) para celebrar allí el Consejo de Gobierno y en su discurso defendió la intención de negociar el acuerdo con el FMI y de aumentar los ingresos para solventar la crisis.
«Yo tomé un compromiso ingrato que era preservar la estabilidad. No es popular hacer lo correcto. Hoy veo con envidia a los países que tienen margen fiscal para prolongar los beneficios a las empresas y las personas», aseveró Alvarado.
El presidente aseguró que la propuesta de negociación con el FMI «no toca a la gente más vulnerable» y sí a «los otros con salarios superiores y a las empresas».
El pasado 17 de septiembre, el Gobierno presentó públicamente una propuesta de negociación con el FMI, la cual incluye la creación de nuevos impuestos y recortes de gasto, ante un escenario económico gris que prevé para 2020 una caída de al menos el 5 % de la economía y un déficit fiscal del 9 % del PIB.
El objetivo del Gobierno es afinar la propuesta con los partidos representados en el Congreso para luego comenzar a negociar un acuerdo con el FMI.
Los partidos de la oposición han expresado su rechazo generalizado a la propuesta debido a la nueva carga tributaria y porque consideran que el recorte de gasto es muy pequeño.
La propuesta gubernamental incluye la creación de la renta global a partir del 2023, la eliminación de exoneraciones a cooperativas y otros actores, así como un aumento en el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles que pasaría de 0,25 % a 0,75 %.
También establece un impuesto a las transacciones bancarias y un aumento en el impuesto sobre la renta, ambos se aplicarían de manera temporal por dos años.
La propuesta, además, abarca el cierre o fusión de algunas instituciones públicas, la venta de activos estatales como el Banco Internacional de Costa Rica y la Fábrica Nacional de Licores; el congelamiento de los aumentos salariales, eliminar exenciones fiscales, entre otros.
El presidente Alvarado reconoció que «hay descontento» en la población y un elevado desempleo (24 %), pero reiteró que con los nuevos impuestos que impulsa «pagarán los grupos mas pudientes».
«Debemos estar los más unidos posible. No hay una salida sencilla de la pandemia ni de la crisis económica, pero creo en que vamos a salir adelante», expresó el mandatario.
El partido Nueva República (evangélico) criticó fuertemente al presidente Alvarado y al Gobierno, ya que considera que nuevos impuestos «destruirán a un pueblo que ya no aguanta más».