La Paz, 28 jul (EFE).- El Gobierno boliviano anunció este viernes que evalúa presentar una apelación al fallo que emitió el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) a favor de Perú, por una demanda que el país vecino presentó por el precio diferenciado del combustible que aplica Bolivia a vehículos con matrícula extranjera.
«Es algo que hay que evaluar y ver cómo se puede apelar», dijo a los medios el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen.
Dorgathen explicó que la diferencia de costo en el combustible «es una política para Bolivia» debido a la subvención estatal orientada a vehículos y transportistas bolivianos, «no para extranjeros».
Una disposición boliviana de 2015 estableció que el precio por litro para vehículos con placa extranjera de diésel y gasolina es de 8,8 y 8,6 bolivianos (1,27 y 1,23 dólares), respectivamente.
Mientras que el precio subvencionado de esos dos combustibles es de 3,72 y 3,74 bolivianos (unos 0,53 dólares en cada caso) para los vehículos bolivianos.
La declaración de Dorgathen es la primera que realiza una autoridad boliviana sobre el fallo del TJCAN a favor de Perú.
Por su parte, el representante de la Cámara de Transporte Pesado Nacional e Internacional de Bolivia, Ramiro Sullcani, declaró a medios locales que si el país incumple el fallo se expone al cierre por «seis meses de la frontera comercial» con Perú, algo que también perjudicaría a los exportadores bolivianos.
Los chóferes del transporte internacional boliviano reclamaron al Gobierno de Luis Arce por la forma en que encaró esa controversia jurídica y aseveraron que desde 2022 sabían que Bolivia «iba a tener este fracaso».
El sábado pasado, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo peruano (Mincetur) informó sobre el resultado de la demanda que ese país presentó contra Bolivia por los mayores cobros a transportistas internacionales terrestres de mercancía y pasajeros que circulaban en su territorio con placa extranjera.
Según el Mincetur, la diferencia de precios en el combustible afecta los costos logísticos de los transportistas, causando la pérdida de competitividad del comercio exterior peruano.
El TJCAN ordenó a Bolivia que, en un plazo máximo de 90 días, adopte las medidas necesarias para que cese la conducta que ha sido declarada como contraria al ordenamiento jurídico comunitario andino».
Agregó que la decisión «es definitiva y vinculante» para los países andinos y que en agosto de 2020 la secretaría general de la CAN ya había declarado a Bolivia «en situación de incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario».
Las autoridades bolivianas han declarado en varias ocasiones que el precio diferenciado a vehículos con matrícula extranjera es una medida para evitar que el combustible subvencionado salga del país.
