La Paz, 19 feb (EFE).- Bolivia superó este viernes los 240.000 casos positivos de la covid-19 en la que fue la primera jornada de la huelga del personal de la salud que demanda la anulación de la Ley de Emergencia Sanitaria promulgada por el Gobierno de Luis Arce.
El reporte difundido por el Ministerio de Salud da cuenta de 37 decesos y 1.152 nuevos contagios, con lo que el país acumula 11.390 muertes y 240.676 casos positivos desde marzo de 2020, cuando se detectó la enfermedad por primera vez en territorio boliviano.
Las regiones con más casos nuevos son Santa Cruz, con 452, y La Paz, con 252, mientras que en los otros siete departamentos los contagios oscilaron entre 12 y 110.
En los dos últimos días, las cifras diarias volvieron a superar los mil casos, tras registrar un descenso durante los recientes festivos de carnaval, ante lo cual las autoridades nacionales hablaron de una «desescalada».
La jornada estuvo marcada por el inicio de la huelga convocada por el Consejo Nacional de la Salud (Conasa), que reúne a los colegios médicos y sindicatos de profesionales de la salud, en contra de la Ley de Emergencia Sanitaria que estos sectores consideran inconstitucional.
Los trabajadores de la salud atienden solamente casos de emergencia y a los enfermos con covid-19 dentro de esta huelga que prevén cumplir hasta el próximo 28 de febrero.
La Defensoría del Pueblo aseguró en un comunicado que hizo una verificación en 38 centros de salud públicos y de la seguridad social en el país, de los cuales 27 tuvieron una atención entre normal y regular.
En regiones como la andina Potosí hubo una marcha de médicos y enfermeros que protestaron porque la norma no fue producto de consenso y además para reclamar mejores condiciones laborales en medio de la segunda ola que Bolivia afronta desde fines de diciembre.
Una treintena de clínicas privadas se pronunciaron en un comunicado respaldando la huelga, al considerar que la ley es «destructiva» y pidieron que «se construya en conjunto y sin imposiciones».
Según estas entidades, la norma incluye «entre muchas de sus imposiciones el riesgo de hacer desaparecer a las clínicas privadas con medidas autoritarias que no existen en ningún país de Sudamérica», con la excepción de Venezuela, donde hay «desabastecimiento y cierre de empresas», aseguraron.
La ley, firmada esta semana por Arce, establece varias disposiciones como el control a los precios de los servicios en los centros privados, los tratamientos y medicamentos.
También la contratación directa de médicos extranjeros y la prohibición de cualquier movilización como paros por parte del personal sanitario, con los que el sector médico no está de acuerdo.
El Gobierno nacional y el oficialismo han cerrado filas en torno a la norma y aseguran que no será anulada.
Las autoridades y parlamentarios del partido gubernamental criticaron la protesta de los profesionales de la salud, aunque han insistido en que sean parte de la reglamentación de la ley.
