Río de Janeiro, 20 sep (EFE).- El Gobierno brasileño definió este martes las condiciones para conceder a la iniciativa privada el puerto de Santos, el mayor de América Latina y que en 2021 movió un récord de 147 millones de toneladas de cargas, por el que exigirá un valor mínimo de 3.015 millones de reales (592 millones de dólares).
Las condiciones, que habían sido acordadas la semana pasada por la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos (Antaq, regulador), fueron aprobadas este martes por el Consejo del Programa de Asociaciones de Inversiones (CPPI), dependiente del Ministerio de Economía y responsable por el ambicioso plan de privatizaciones y concesiones del Gobierno.
El órgano definió que la gestión del puerto será ofrecida en concesión a la iniciativa privada por un plazo inicial de 35 años que puede ser prorrogado por otros 5 años.
El concesionario será la empresa que presente la mejor oferta financiera en la subasta de concesión que el Gobierno planea realizar este mismo año o en el primer semestre de 2023 y en la que el valor mínimo exigido será de 3.015 millones de reales.
Además de pagar por la licencia, el concesionario tendrá que comprometerse a pagar al Estado 28 cuotas anuales de 105 millones de reales (unos 20,6 millones de dólares) entre el octavo y el último año de la concesión.
E igualmente tendrá que comprometerse a pagar el equivalente al 20 % de sus ingresos operacionales brutos todos los años.
Entre las obligaciones que asumirá la empresa que asuma la gestión del puerto destacan obras para dragar las áreas marítimas de la terminal, así como la ampliación y modernización de los accesos terrestres.
Todas las normas constarán en un edicto de licitación que el Gobierno presentará las próximas semanas y que tendrá que ser aprobado previamente por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU, órgano fiscalizador del Congreso), que puede introducir algunas modificaciones.
En su reunión de este martes el Consejo del Programa de Asociaciones de Inversiones también aprobó la inclusión de dos otras empresas portuarias, la Companhia de Docas do Rio de Janeiro y la Companhia de Docas de Pará, en el programa nacional de privatizaciones.
La primera es responsable por la administración de los puertos de Río de Janeiro y de las vecinas Niteroi, Itaguaí y Angra dos Reis. Y la Companhia de Docas de Pará gestiona los puertos de Belén, Vila do Conde y Santarem.
En ambos casos la intención no es ofrecerlos en concesión sino privatizar las dos estatales mediante la venta de su control accionarial.
Las privatizaciones y las concesiones son una de las principales banderas del Gobierno de Bolsonaro, el líder ultraderechista que aspira a ser reelegido en octubre y que puso en marcha en su mandato una política económica de claro tinte liberal, destinada a reducir el tamaño del Estado.
En los primeros tres años y medio de mandato, el Gobierno de Bolsonaro transfirió al sector privado 84 activos, incluyendo 36 puertos, 34 aeropuertos, 6 lotes de carreteras y 8 ferrocarriles, cuyos concesionarios se comprometieron a invertir 100.000 millones de reales (unos 20.000 millones de dólares) y a generar 1,5 millones de empleos.
