Río de Janeiro, 26 may (EFE).- La construcción y operación de un tren de alta velocidad entre Río de Janeiro y Sao Paulo, las dos mayores ciudades de Brasil, dejó de ser una prioridad pública pero el Gobierno está listo para dejar el proyecto en manos privadas, afirmó este jueves el ministro de Infraestructura, Marcelo Sampaio.
«El proyecto está listo para ser desarrollado por el sector privado en caso de que alguna empresa manifieste interés», afirmó el ministro en una rueda de prensa virtual que concedió a corresponsales extranjeros en Brasil.
Sampaio dijo que el ambicioso proyecto es discutido por el Gobierno hace unos 15 años e incluso fue creada una empresa pública para desarrollarlo pero finalmente fue descartado por el alto costo, la falta de recursos y la necesidad de invertir en otros sectores.
«El Gobierno está preparado para autorizar al sector privado a construir y operar el tren de alta velocidad en caso de que le interese y lo considere viable. Es un proyecto que ofrece una gran oportunidad que puede ser tocado por el sector privado», agregó sobre un proyecto en el que en varias ocasiones han manifestado interés empresas españolas, francesas y alemanas.
El ministro explicó que la transferencia de ese proyecto a la iniciativa privada será posible gracias a la entrada en vigor el año pasado de una nueva Ley de Autorización de Ferrocarriles, que permite al Gobierno otorgar autorizaciones para la construcción y operación de ferrocarriles a las empresas privadas que los soliciten sin necesidad de disputar licitaciones.
Desde que la ley fue sancionada por el presidente Jair Bolsonaro, en diciembre pasado, el Gobierno ya firmó 27 contratos para la construcción de 9.923 kilómetros de ferrocarriles con inversiones privadas previstas de 133.200 millones de reales (unos 26.640 millones de dólares).
Además de las autorizaciones ya concedidas, la Agencia Nacional de Transportes Terrestres analiza otras 50 peticiones de empresas privadas interesadas en construir ferrocarriles en diferentes regiones del país, principalmente para el transporte de carga.
El proyecto para conectar las dos mayores ciudades del país con un tren de alta velocidad fue anunciado inicialmente en 2007 y formaba parte de los planes que el Gobierno presentó de cara a la organización del Mundial de fútbol celebrado en Brasil en 2014.
Un primer concurso para las obras en 2011 fue declarado desierto por la falta de ofertas, con lo que el proyecto pasó a ser incluido entre los planes de transporte para los Juegos Olímpicos que Río de Janeiro organizó en 2016.
Las dos siguientes licitaciones también fracasaron y una cuarta y última fue intentada a mediados de 2013, cuando, pese al interés manifestado por varios países, volvió a ser cancelada por haber recibido solo una oferta.
El proyecto inicial del Gobierno tenía un costo calculado en unos 17.200 millones de dólares y planteaba la construcción de un tendido ferroviario de 511 kilómetros entre Río y Sao Paulo, de donde saldría un segundo tramo de 97 kilómetros hasta la vecina Campinas.
La obra, sin embargo, es considerada de una enorme complejidad, pues implica construir 90,9 kilómetros de túneles y otros 107,8 kilómetros de puentes y viaductos para salvar ríos y desniveles en una región montañosa.
Sampaio afirmó que otro proyecto que se puede beneficiar con la nueva Ley de Autorización de Ferrocarriles es el que propone construir un corredor interoceánico en Suramérica que comunique los puertos brasileños en el Atlántico con los chilenos en el Pacífico, en el que están interesadas empresas chinas.
«Es un proyecto muy interesante, que será prioridad en los próximo años. En Brasil se puede construir un ferrocarril que conecte carreteras ya existentes y que completan el corredor interoceánico», dijo.
«La demanda mundial por alimentos tiende a aumentar y nosotros solo estamos produciendo la mitad de nuestra capacidad. La salida por el Pacífico le dará una gran competitividad a nuestros productos», agregó.
