Santiago de Chile, 8 mar (EFE).- El Congreso chileno despachó una ley que permite el cierre de la polémica Fundición Ventanas de la estatal Corporación Nacional del Cobre (Codelco), faena que opera en la bahía de Quintero-Puchuncaví en la región de Valparaíso y que se ha visto involucrada junto a otras empresas de la zona en graves episodios de contaminación e intoxicación que han afectado a los habitantes del territorio.
«Hemos dado un paso muy importante para avanzar en el cierre progresivo de la fundición Ventanas y, de esta manera, cumplir con el compromiso del Gobierno del presidente Gabriel Boric de eliminar las zonas de sacrificio del país», señaló la ministra de Minería, Marcela Hernando.
«Gracias a la aprobación de este proyecto de ley, estamos garantizando a los pequeños mineros de Valparaíso, O’Higgins y Coquimbo que su producción seguirá siendo tratada en otras instalaciones de Codelco», agregó la secretaria de Estado.
La autoridad recalcó que la fundición, emplazada en la zona hace casi seis décadas, es sindicada como una de las principales responsables de múltiples episodios de intoxicación que han afectado a miles de personas en la bahía, perdiendo además la capacidad de operar a plena capacidad según los planes ambientales, afectando así la economía de la cuprífera chilena.
La bahía de Quintero-Puchuncaví, 160 kilómetros al noroeste de Santiago en pleno litoral central chileno, fue declarada en 1993 como «zona de sacrificio ambiental», territorio abandonado al deterioro industrial y la contaminación afectando de manera permanente la salud humana y la biodiversidad.
Se trata de una de las cinco «zonas de sacrificio» del país suramericano, espacios envueltos a diario en una tóxica nube de gases que causan lluvia ácida y enferman a sus habitantes hasta cuatro veces más que la media nacional, con cuadros respiratorios, cardiovasculares y tumores malignos, según un estudio de la Universidad Católica y la fundación Chile Sustentable.
Una vez publicada la ley en el Diario Oficial, el Gobierno tendrá un plazo de 90 días para presentar al Poder Legislativo un informe con propuestas destinadas a incrementar la capacidad estatal de fundición cuprífera, con énfasis en resguardar la salud de la población y el medioambiente.
