Santiago de Chile, 15 abr (EFE).- Chile, el tercer país con más multimillonarios de Latinoamérica, se suma al debate mundial del impuesto a los súper ricos con una iniciativa que se discute en el Parlamento para gravar, de forma puntual, a las grandes fortunas y hacer frente a la crisis económica de la pandemia.
Como en el resto del mundo, la crisis sanitaria recrudeció las diferencias socioeconómicas en Chile: mientras que en 2020 alrededor de 2,3 millones de personas pasaron de clase media a situación de vulnerabilidad según el Banco Mundial, las ocho mayores fortunas del país crecieron un 73 %, en cifras de la revista Forbes.
En ese contexto, el proyecto que se discute en Chile busca gravar una única vez con una tasa del 2,5 % del patrimonio a los titulares de bienes equivalentes a un valor de 22 millones de dólares o superior, con el fin de financiar una renta básica de emergencia y mitigar los elevados costos fiscales que deja la crisis sanitaria.
«No hay discurso democrático que pueda sostener este nivel de contraste e inequidad en la apropiación de riqueza, menos aún en un contexto de pandemia», señaló la diputada de oposición Camila Vallejo, autora del proyecto.
«IMPUESTO DE JUSTICIA SOCIAL»
El impuesto a los super ricos, también denominado «impuesto de justicia social», ha sido recomendado recientemente por diversos organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) como una herramienta para afrontar la actual crisis económica y reducir las grandes desigualdades de la región.
Para Matías Cociña, investigador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile, en sociedades tan desiguales como las latinoamericanas, la capacidad de aplicar tributos en el tope de la distribución es «muy relevante».
«En un contexto en que las élites están fuertemente cuestionadas, que estos individuos hagan un aporte adicional al proceso de recuperación económica post pandemia podría reducir esta percepción de distancia», afirmó a Efe el académico.
En Chile, el país con más renta per cápita de América Latina, el 1 % de los hogares de mayores ingresos acapara más de una cuarta parte de la riqueza total, mientras que el 50 % de las familias más pobres tiene solamente el 2,1 %, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Su índice de Gini, que mide la desigualdad siendo 0 una distribución perfecta del ingreso y 1 una distribución completamente desigual, es del 0,44, según la última medición de 2017.
Además, la recaudación impositiva contribuye poco a reducir las diferencias. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la tributación en Chile solo reduce un 2,5 % el índice de Gini, frente al promedio de los países que componen el organismo (10 %).
BAJA RECAUDACIÓN
Por otro lado, algunos expertos señalan que imponer un tributo de esta naturaleza estimula la fuga de capitales hacia lugares en que no exista este impuesto, además de desestimular la inversión.
«Esta iniciativa no es la herramienta más eficiente, hay varios estudios que señalan que en los países que han implementado una medida similar tuvieron una recaudación inferior al 1 % del PIB», señaló a Efe Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
Según un informe del centro de estudios privado Desarrollo y Libertad, el impuesto a los super ricos es una «mala idea», porque no está orientado a «impulsar la recuperación de la actividad productiva».
PROFUNDIZAR EL DEBATE
En paralelo a la iniciativa que se debate en el Parlamento, que afectaría a un universo de 1.406 contribuyentes según el Servicio de Impuestos Internos (SII), se suman cada vez más voces que plantean la necesidad de reducir las exenciones fiscales y mejorar el sistema impositivo chileno a largo plazo.
El sociólogo de la Universidad de Chile e investigador en Fundación Sol, Benjamín Sáez, afirmó a Efe que esta discusión impositiva es parte de «un debate más amplio» y de largo plazo, sobre «cómo estas personas que acumulan muchos recursos pueden redistribuirlos de forma más equitativa», permitiendo una «mayor paz social».
Si bien la necesidad de que las mayores fortunas aporten más es un consenso global, en Chile «la importancia política de los impuestos se ha comprendido poco», a juicio del doctor en derecho y uno de los autores de la norma general anti-elusión, Francisco Saffie.
Además, el documento «desconoce la manera en que los capitales, el patrimonio y la riqueza se encuentra hoy día en el mundo», explicó Saffie, ya que en su redacción considera gravar a personas naturales, «que no son necesariamente propietarias de los de los vehículos en los cuales se encuentra su patrimonio».
