La Paz, 25 jul (EFE).- El principal sindicato de transportistas de Bolivia reclamó este martes al Gobierno de Luis Arce por el fallo contrario al país en una demanda presentada por Perú ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) por el precio del combustible para vehículos con matrícula extranjera que circulan en territorio boliviano.
El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, Lucio Gómez, cuestionó que el viceministro de Transporte, Wilfredo Gutiérrez, no se haya pronunciado hasta el momento sobre el fallo favorable a Perú que se conoció el fin de semana.
Según Gómez, la autoridad «no conoce los tratados internacionales ni sabe qué es la CAN (Comunidad Andina)».
El dirigente aseguró que en 2022 el sector del transporte boliviano ya sabía que el país «iba a tener este fracaso» porque el proceso fue manejado por personas «que no saben del tema».
«Por eso decimos que es una derrota total por falta de Estado y el viceministro tiene que responder acá, tiene que responder qué ha hecho y por qué no ha hecho la representación correspondiente, por qué no han hecho el seguimiento», cuestionó.
Gómez anunció que convocará a una reunión nacional del transporte en la que se analizará el fallo y, «si el caso requiere», se tomará «algunas decisiones».
Otro dirigente de los chóferes, Víctor Tarqui, expresó su rechazo al fallo y recordó que el sector ha reclamado «para que se abastezca el combustible a nuestro parque automotor y que no esté saliendo al exterior con el mismo precio» que se cobra en territorio boliviano, que es un coste subvencionado.
«En este momento en el país vecino no hay subvención, es un costo real, pero lamentablemente el combustible nacional está saliendo con costos bajos» a Perú, advirtió.
Tarqui sostuvo que las autoridades nacionales deben pronunciarse, sobre todo el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.
El TJCAN falló a favor de Perú en la demanda que presentó contra Bolivia por los mayores cobros a transportistas internacionales terrestres de mercancía y pasajeros que circulaban en su territorio con placa extranjera, informó el sábado el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo peruano (Mincetur).
Según el Mincetur, la diferencia de precios en el combustible afectaba los costos logísticos de los transportistas, causando la pérdida de competitividad del comercio exterior peruano.
«Ante la publicación de este fallo, el TJCAN ha ordenado a Bolivia que, en un plazo máximo de 90 días, adopte las medidas necesarias para que cese la conducta que ha sido declarada como contraria al ordenamiento jurídico comunitario andino», indicó.
Agregó que la decisión «es definitiva y vinculante» para los países andinos y que en agosto de 2020 la secretaría general de la CAN ya había declarado a Bolivia «en situación de incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario».
En Bolivia el litro de gasolina tiene un coste subvencionado de 3,74 bolivianos (unos 54 centavos de dólar) y el de diésel se vende a 3,72 bolivianos (unos 53 centavos de dólar), pero los vehículos con matrícula extranjera pagan el precio internacional para evitar el contrabando de combustibles. EFE
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