Bogotá, 21 sep (EFE).- El Gobierno colombiano puso en marcha una reforma agraria que comenzará con la entrega de títulos de propiedad de 681.372 hectáreas a campesinos, indígenas y afrodescendientes, dijo este miércoles la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño.
La disputa de la tierra ha sido históricamente una de las causas del conflicto armado colombiano y esa tensión se ha intensificado en las últimas semanas por el aumento de las invasiones de tierras en distintas regiones del país.
Según la ministra, en esta primera fase, que se extenderá hasta el 15 de noviembre, se entregarán los títulos de propiedad a 12.600 familias en 19 departamentos del país.
Estas 681.372 hectáreas de tierra se entregarán «a poblaciones campesinas, a resguardos indígenas y a comunidades afrodescendientes», que tendrán apoyo institucional para programas productivos y de desarrollo rural.
«No solamente se entregan títulos que legalizan la posesión, sino que eso abre la oportunidad para el crédito, para la asistencia técnica, para todos los apoyos que les permitirán a esas personas tener acceso a todo lo que el Gobierno tiene para desarrollo del sector agropecuario en general», manifestó la ministra en una rueda de prensa.
TIERRAS Y PAZ
López destacó que con esta entrega de tierra el Gobierno no solo agiliza la reforma agraria sino que da cumplimiento al primer punto del acuerdo de paz firmado en 2016 con la antigua guerrilla de las FARC, que versa sobre la reforma rural integral.
«Todo lo que estamos haciendo en el Gobierno y en particular en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural está enmarcado en el cumplimiento del punto 1 de (el acuerdo de) La Habana. Entonces, aquí hablamos de paz», expresó.
La ministra se dirigió a quienes ocupan tierras, un problema que se ha multiplicado en los dos últimos meses, periodo que coincide con el comienzo del Gobierno de Gustavo Petro, y señaló que «la política agraria es una realidad y, por tanto, no se justifican ni ocupaciones ni invasiones».
«El mensaje claro es: empezamos a cumplir lo prometido, no le quiten espacio a este proceso ni ocupando ni invadiendo tierras. Como ven, el Gobierno cumple su palabra, dennos el tiempo y la posibilidad y el margen político para hacerlo», subrayó.
La legalidad como pieza fundamental de este proceso también fue defendida por el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega, quien indicó que esperan «que con esto se dé un mensaje de tranquilidad para quienes aspiran al acceso y formalización de la tierra».
VIEJAS DISPUTAS
En el centro de la disputa por tierras están comunidades indígenas, negras y campesinas, principalmente de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca (suroeste), que reclaman propiedades de hacendados o ingenios azucareros, situación que se repite en otras partes del país con ganaderos, grupos agroindustriales e incluso con terrenos baldíos.
En algunas regiones del norte de Colombia, como en el departamento del Magdalena, ganaderos han empezado a organizarse para impedir que sus tierras sean ocupadas, lo que ha sido criticado por otros sectores que recuerdan que grupos similares de autodefensa contra la guerrilla dieron origen décadas atrás a los temidos grupos paramilitares.
«Aquí no puede ser ni con organismos privados de protección de la propiedad privada, ni invasiones, ni ocupaciones. Todo se hará por medio de la vía institucional», agregó Vega.
La ministra indicó que la reforma agraria incluirá también la distribución a campesinos de tierras confiscadas a narcotraficantes, que son propietarios de grande extensiones, paso que se dará una vez se completen los trámites legales con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que administra bienes sujetos a expropiación por ser su propiedad de origen ilegal.
«Esta primera etapa será seguida por otras en donde habrá entrega en su momento de tierra de los de los narcos, eso requiere un poco más de procesos que estamos trabajando muy intensamente con la SAE y también entraremos en un momento dado en la etapa del catastro multipropósito (registro sistemático actualizado de la propiedad), en donde lograremos que haya una disposición mayor de tierras», explicó.
Colombia es uno de los países del mundo con mayor desigualdad en la distribución de la tierra y se calcula que entre siete y diez millones de hectáreas fueron adquiridas de manera fraudulenta o violenta por distintos grupos ilegales, principalmente mediante el despojo o desplazamiento de campesinos, durante los peores años del conflicto armado.
