La Paz, 25 feb (EFE).- Las movilizaciones del personal de la salud y de productores de hojas de coca de la zona boliviana de los Yungas por distintos motivos son dos focos de conflicto en Bolivia, en medio de una coyuntura especial por las próximas elecciones subnacionales y la pandemia de la covid-19.
Los profesionales de la salud cumplen este jueves una huelga parcial contra la ley de Emergencia Sanitaria promulgada por el Gobierno, mientras que los cocaleros de los Yungas han marchado dos veces esta semana y permanecen en vigilia dentro de un conflicto con una facción afín al Ejecutivo de Arce.
En esta jornada hubo una marcha de médicos en la ciudad boliviana de Santa Cruz, la mayor y la más golpeada por la pandemia de la covid-19, mientras que en La Paz el personal de la salud salió a bloquear calles por minutos en las puertas de algunos hospitales.
Estos sectores demandan la anulación de la ley de Emergencia Sanitaria porque aseguran que les quita el derecho a la protesta.
«Pero además está abriendo una brecha» para volver a traer las brigadas de médicos cubanos que operaron en el país durante la gestión del expresidente Evo Morales, dijo a Efe el dirigente del Sindicato de Ramas Médicas en Salud Pública de La Paz, Fernando Romero.
«No lo aceptamos, terminantemente lo rechazamos, pedimos la abrogación de la 1359 y si tenemos que estar día y noche por lo que resta del año lo vamos a estar, pero Bolivia seguirá siendo un país libre, democrático y soberano».
Romero reconoció que la huelga se cumple parcialmente «porque hay mucha emergencia» a causa de la pandemia, por lo que el personal de la salud está «haciendo las tareas más importantes ayudando y resguardando a la población».
«Nunca ha sido nuestra intención terminar en esta crisis, pero ante un poder político tan agresivo, tan totalitario no nos deja más salida, no nos deja más camino que ir a esta lucha», manifestó.
El médico señaló que hay un «pacto» entre diversos sectores «que están viendo amenazados sus derechos», como el personal de la salud, los cocaleros de los Yungas y un grupo de aspirantes a la escuela estatal de maestros, entre otros.
CONFLICTO COCALERO
El conflicto de los cocaleros se debe al control de la sede de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) y el mercado legal para la venta de la planta en el barrio de Villa Fátima en La Paz.
Un fallo judicial benefició a una facción afín al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) que se atribuye el liderazgo de Adepcoca, pero que es minoritaria según el grupo que controla actualmente la sede y el mercado.
«Es un pequeño grupo y aparte están siendo utilizados por el Gobierno, ellos son títeres. La intención del Gobierno es intervenir Adepcoca», dijo a Efe el secretario de esa organización, Juan Cocarico.
Los productores se mantienen en vigilia en el lugar para evitar que la otra facción tome el edificio, pero además denuncian que tres cocaleros resultaron heridos, uno de gravedad, durante una represión policial que frenó hace dos días su intento de ingresar a la plaza Murillo, donde se encuentran las sedes del Gobierno y el Parlamento nacional.
También denunciaron que en la víspera una policía se infiltró en el lugar con la supuesta intención de «sembrar» algún tipo de prueba para justificar una intervención.
Los cocaleros confirmaron el «pacto» con el personal de la salud, si bien por el momento sus movilizaciones se desarrollan de forma separada.
En el caso del conflicto médico, el Gobierno ha descartado anular la norma e invitó al sector a trabajar en el reglamento, mientras que sus sindicatos aliados de obreros y campesinos se han declarado en «emergencia» contra la huelga sanitaria.
Ambos sectores anuncian nuevas movilizaciones para la próxima semana, a unos cuantos días de las elecciones subnacionales del 7 de marzo.
