San José, 5 ene (EFE).- Las autoridades económicas de Costa Rica informaron este martes que el próximo 11 de enero comenzarán las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un acuerdo de Servicio Ampliado que permita garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El Ministerio de Hacienda y el Banco Central indicaron en un comunicado de prensa que las sesiones serán llevadas a cabo en forma virtual, y será liderada por la jefa de misión del FMI, Manuela Goretti. El equipo del Fondo se reunirá con autoridades económicas, diputados, organizaciones del sector privado, de la sociedad civil, y con académicos.
«Las conversaciones abarcarán las políticas que el país necesita para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo y para apoyar el crecimiento inclusivo y sostenible», explica el texto.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció a inicios del pasado mes de diciembre que como parte de las soluciones para estabilizar las finanzas acudiría al FMI para negociar un crédito por un monto que no se ha precisado pero que podría rondar los 1.750 millones de dólares.
La iniciativa incluiría medidas para la contención del gasto, un ajuste fiscal y la eliminación de exoneraciones. En materia de ingresos, el Gobierno pretende un ajuste del 0,8 % del PIB, lo que incluye la renta global y otros tributos.
El compromiso del Gobierno es reducir el gasto público gracias a un proyecto de ley de Empleo Público que pretende reorganizar las escalas salariales, reducir pluses y ahorrar hasta un 0,81 % del PIB a partir del 2023.
«Confiamos en que se hagan los ajustes al proyecto, de tal manera que la reforma al empleo público nos permita contener uno de los principales disparadores del gasto y sea uno de los pilares del acuerdo con el FMI», destacó en un comunicado de Casa Presidencial la ministra de Planificación, Pilar Garrido.
Garrido y la ministra de la Presidencia, Geanina Dinarte, conversaron este martes con las jefaturas de fracción de los partidos de la Asamblea Legislativa sobre la ruta del proceso de negociaciones y la necesidad de construir «alternativas adicionales» para generar ingresos suficientes y progresivos, lo cual permitiría completar la propuesta para el FMI para enfrentar el impacto fiscal causado por la pandemia de la covid-19.
El Gobierno costarricense anunció en septiembre pasado su intención de negociar con el FMI, lo que desencadenó una serie de protestas sociales y bloqueos de carreteras.
Esa propuesta de septiembre pasado fue rechazada por sectores sociales y políticos pues estaba cargada hacia nuevos impuestos, lo que obligó al Gobierno a retirarla y a elaborar otra tras un proceso de diálogo con numerosos sectores.
Las proyecciones oficiales indican que Costa Rica cerrará el 2020 con un déficit fiscal en torno al 9,2 % del PIB, una deuda acumulada cercana al 70 % del PIB.
