San José, 6 ene (EFE).- El Gobierno de Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzarán el próximo lunes el proceso de negociación para un acuerdo financiero por 1.750 millones de dólares, en medio de críticas y dudas de varios sectores en torno a los ajustes que el país deberá acometer para acceder a los recursos.
Tras un primer intento que en octubre pasado fracasó debido a la falta de apoyo político y al surgimiento violentas protestas sociales, el Gobierno y el FMI fijaron la fecha para comenzar a negociar el acuerdo que pretende estabilizar las finanzas estatales, cuyo estado se agravó en 2020 con la crisis causada por la pandemia de la covid-19.
Según las proyecciones, Costa Rica cerraría el 2020 con un déficit fiscal de alrededor del 9,2 % del PIB y una deuda del 70 % del PIB, en un contexto en que la economía caería en torno al 4,5 %, con una previsión de crecimiento del 2,6 % para 2021, según el Banco Mundial.
RECORTE DE GASTOS Y NUEVOS IMPUESTOS
El Gobierno informó que presentará al FMI una propuesta que incluye recortar gastos, reformas legales en materia de empleo público y la captación de recursos frescos por la vía fiscal.
El Ejecutivo presentará al Congreso próximamente un proyecto de ley para crear la renta global y otro que establece un tributo de 0,5 % a casas de lujo con valor superior a los 200 millones de colones (unos 350.000 dólares).
Las autoridades gubernamentales no descartan otras iniciativas como incrementar en un punto porcentual el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en la actualidad es del 13 %; y gravar las transacciones bancarias.
En cuanto al gasto, la principal iniciativa es un proyecto de ley de Empleo Público, que se encuentra en el Congreso desde el año pasado, que pretende unificar las escalas salariales del sector público y reducir pluses salariales.
Según el Gobierno, esta ley generaría un recorte del gasto de hasta el 0,81 % del PIB.
Otro proyecto es el de eliminar una serie de exoneraciones fiscales por alrededor del 0,59 % del PIB.
EL RETO DE ALCANZAR APOYO
El oficialista Partido Acción Ciudadana solo cuenta con 11 diputados de los 57 que integran el Congreso, por lo que el gran reto del Gobierno es alcanzar acuerdos con las fuerzas de oposición en un año en que comenzará oficialmente la campaña electoral con miras a los comicios generales de febrero de 2022.
El panorama para la negociación con el FMI no se prevé sencillo, pues sindicatos y grupos sociales ya están anunciando que saldrán a las calles a protestar.
«Habrá que decirlo nuevamente desde las calles de este país: ¡No más impuestos!», afirmó este miércoles el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas.
«Costa Rica no ocupa (necesita) de ningún convenio con esa institución financiera internacional, cuya trayectoria de agresión económico-financiera a los pueblos como el costarricense, es imposible de obviar», manifestó Vargas en un artículo que publicó este miércoles.
Vargas instó a potenciar las protestas que en octubre pasado protagonizó el llamado «Movimiento Rescate Nacional», liderado por el exdiputado izquierdista Célimo Guido, en contra del primer intento del Gobierno para negociar con el FMI.
Ese primer intento fracasó ante el rechazo de los partidos políticos que consideraron que la propuesta estaba demasiado cargada hacia nuevos impuestos, y en el marco de las protestas.
SECTORES ECONÓMICOS A LA EXPECTATIVA
Durante los últimos meses los sectores económicos han estado a la expectativa de la propuesta que el Gobierno va a presentar al FMI, pero se han manifestado reacios a más impuestos.
La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) expresó este miércoles que está de acuerdo con la reforma al empleo público, la renta global y un impuesto a los premios de lotería.
«En cuanto a las medidas de aumento o nuevos impuestos, desde la CICR nos hemos manifestado claramente contrarios a aumentos de impuestos, además varias de las propuestas que se mencionan no están claramente definidas o estructuradas para hacer una mejor valoración», indicó la Cámara.
La CICR reiteró sus críticas al Gobierno por lo que considera una ausencia de un plan para reactivar la economía y que con ello genere más ingresos.
«Debe haber un balance entre nuevas fuentes de ingreso, un fuerte ahorro en gastos y mejores condiciones para el fomento de la reactivación económica, pero este último eslabón de la cadena no está en lo que ha propuesto el Gobierno», señaló la Cámara.
