San José, 2 dic (EFE).- El sistema político de Costa Rica sufre serias grietas debido a la desigualdad social y la pérdida de valores en la administración pública que termina en corrupción, reveló este jueves un estudio de la estatal Universidad Nacional (UNA).
El informe del bimestre octubre y noviembre del Programa Análisis de la Coyuntura de la Sociedad Costarricense de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, indica que estas fracturas se dan en el Estado por inadecuadas políticas sociales y la creación indebida de recursos públicos por parte de administradores y de terceros.
«Hay una clara diferenciación social con concentración de ingresos y una parte de la población con condiciones de bajos ingresos. Por otra parte, con un perfil de bajo desarrollo humano, las políticas sociales no han logrado, no solo en este Gobierno sino por casi una década, ser políticas que ayuden a disminuir la pobreza y a mejorar la movilidad social», afirmó el sociólogo y coordinador del estudio, Carlos Carranza.
La investigación resaltó que si bien hay crecimiento económico éste no llega a todos los sectores sociales.
Otro tema tratado es el de la corrupción con el caso llamado «Cochinilla» en donde según las investigaciones judiciales, existía una relación entre estructuras del Estado como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo Nacional de Vialidad, para favorecer a ciertas empresas en las licitaciones para obras viales.
También fue destacado el caso de Acueductos y Alcantarillados, en la cual un grupo ligado al narcotráfico aprovechaba sus contactos dentro de la institución para, por medio de licitación de obras púbicas, lavar dinero.
Otro caso es el de una serie de alcaldías que de manera similar permitía a ciertas empresas concentrar obras de infraestructura en los cantones, caso por el cual fueron suspendidos de sus cargos seis alcaldes, entre ellos el de la capital, San José.
Carranza puntualizó que el perfil de gobernanza no es el adecuado para enfrentar los serios retos del país y en muchos casos las políticas públicas no tienen una trazabilidad de largo plazo.
