Bogotá, 3 mar (EFE).- Los 78 miembros de la Policía y 6 trabajadores de una petrolera que estaban retenidos por campesinos en el departamento colombiano del Caquetá (sur) fueron dejados este viernes en libertad, con lo que se abre la posibilidad del diálogo para solucionar las protestas que dejan hasta el momento 2 muertos.
«Gracias a las gestiones del ministro de Defensa (Iván Velásquez) y del Interior (Alfonso Prada) han sido liberados todos los miembros de la Policía y los funcionarios de la petrolera retenidos en San Vicente del Caguán, Caquetá», escribió en Twitter el presidente colombiano, Gustavo Petro.
Los ministros Prada y Velásquez, así como los jefes de las carteras de Minas, Irene Vélez; Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, y Transporte, Guillermo Reyes, viajaron esta mañana al caserío Los Pozos y la prioridad era la liberación de 78 policías y 6 funcionarios de la petrolera Emerald Energy.
Por su parte, la Policía indicó que luego de las reuniones de coordinación lideradas por el ministro de Defensa, la cúpula militar y de Policía con líderes de la comunidad «fueron entregados a una comisión especial los uniformados y personal civil retenidos desde el día de ayer en el sector Los Pozos».
MOTIVO DE LA PROTESTA
La protesta frente a las instalaciones de Emerald Energy comenzó hace semanas con la toma de las instalaciones de Los Pozos, pero el miércoles aumentó la tensión con la quema de parte de la infraestructura y la intervención del Esmad, la unidad antidisturbios de la Policía.
En esos choques murió un campesino mientras que los policías fueron rodeados y desarmados por la multitud y uno de ellos, el subintendente Ricardo Arley Monroy, de 40 años, asesinado.
Las comunidades indígenas y campesinas de la zona entraron a las instalaciones de la petrolera para exigir sus derechos sobre la tierra que Emerald Energy explota y que se les construyan unas vías.
Las manifestaciones comenzaron después de que, tras año y medio de espera, no se construyera la carretera prometida por las autoridades locales y por la empresa petrolera, que asignó una inversión para este proyecto, dijo a EFE Wilman Fierro, concejal de San Vicente del Caguán.
«Pasó el tiempo y no se atendió esa necesidad», agregó.
MEDIACIÓN DE LA DEFENSORÍA
El defensor del pueblo, Carlos Camargo, valoró la mediación que hizo ese organismo para lograr la liberación de las personas retenidas, pues gracias a ella se logró un acuerdo entre el Gobierno nacional y los líderes de las comunidades campesinas.
«Valoramos que las partes hayan adelantado un diálogo que permitiera poner fin a la tensión generada por cuenta de la confrontación entre las comunidades campesinas y la fuerza pública, que dejó el triste saldo de un policía y un campesino muertos, pero que permitirá retomar los diálogos entre las partes para buscar soluciones de fondo a la compleja situación social y económica de las comunidades de la región», dijo Camargo.
Las partes firmaron un «protocolo de derechos humanos y buen trato» que permitió que los policías y trabajadores retenidos fueran dejados en libertad.
