Panamá, 27 ago (EFE).- Sindicatos de Panamá presentaron este jueves ante la Corte Suprema de Justicia dos demandas de inconstitucionalidad contra las normas laborales aprobadas por el Gobierno durante la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19.
Se trata del Decreto Ejecutivo 101 y la Ley 157 que regulan la reducción de la jornada laboral, la suspensión de contratos y el fuero de maternidad, entre otros, en el marco del cierre de las actividades económicas por confinamiento para enfrentar la pandemia.
Mientras el Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo defiende esas normas como una forma de preservar los empleos en el contexto de la crisis, los sindicatos denuncias que son modificaciones legales que atentan contra los derechos de los trabajadores amparados por la Carta Magna.
«El orden jerárquico del derecho establece que ninguna ley puede ser contraria a la Constitución, por lo que ninguna disposición menor puede violarla», le dijo a Efe el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y excandidato presidencial, Saúl Méndez.
La semana pasada la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda presentada por los sindicatos contra cinco artículos incluidos en otro decreto firmado en marzo y que también afecta el ámbito laboral.
El Ministerio del Trabajo ha dicho que a causa de la crisis sanitaria desde marzo pasado fueron suspendidos más de 270.000 contratos de trabajo y que cerca de 40.000 ya han sido reactivados tras la apertura gradual de la economía iniciada a mediados de mayo y que ha avanzado con lentitud debido a una oleada de casos de la COVID-19.
Panamá es uno de los países más afectados de la región por la pandemia y acumulaba hasta el miércoles 89.082 contagios confirmados y 1.932 muertes por la enfermedad.
Las autoridades calculan que la crisis elevará este año la tasa de desempleo hasta entre el 20 % y el 25 % y la informalidad hasta el 55 %, mientras que la economía se derrumbará un 9 %.
Panamá, un país de 4,2 millones de habitantes con una economía dependiente de los servicios, registraba antes de la pandemia un desempleo del 7,1 % y una informalidad de casi el 45 %, mientras que la economía creció en 2019 un 3 %, la tasa más baja en una década.
