La Paz, 8 feb (EFE).- Las recientes denuncias de actividades mineras ilegales incluso con maquinaria pesada en el parque boliviano Madidi, la reserva más biodiversa del mundo, generaron preocupación y pronunciamientos de entidades defensoras de los derechos y la oposición para pedir la intervención estatal ante estas invasiones.
En los últimos días activistas y guardaparques publicaron en las redes sociales fotografías que muestran tractores que van tumbando árboles y avanzan sobre el río Tuichi, cerca de la comunidad Azariama, dentro del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi.
Medios locales se hicieron eco de estas denuncias y obtuvieron algunos testimonios anónimos que señalan que la gente que acompaña estos movimientos no permite que nadie se acerque, ni siquiera los campesinos e indígenas que viven en la zona, y que incluso hubo agresiones y amenazas contra los guardaparques.
Estas denuncias fueron recibidas por las presidencias de las comisiones de Tierra, Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado y de Naciones y Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, ambas a cargo de parlamentarias de Comunidad Ciudadana (CC), según explicó esa fuerza opositora en un comunicado de prensa.
La información que recibieron alertó sobre el «ingreso ilegal de un grupo de personas hasta Azariamas», con el fin de «explotar oro sobre el río Tuichi, límite de la zona de protección estricta del parque nacional más biodiverso del mundo entero», indica el comunicado.
«Según las denuncias, este grupo de personas no cuenta ni con un contrato minero, ni con licencia ambiental. Se trataría, por tanto, de otro acto ilegal de avasallamiento de un área protegida en el país», advirtió CC.
También alertó de que la explotación minera de oro está dejando costos socio-ambientales «dramáticos e impagables» por el uso de sustancias tóxicas como el mercurio, la deforestación y destrucción de los cursos de ríos.
La fuerza opositora apuntó a las autoridades nacionales por estos sucesos al considerar que «facilitan por omisión y acción la destrucción de la base natural que sostiene la vida» y aseguró que está adoptando «todas las medidas» a su alcance «para detener estas dinámicas violatorias de derechos elementales».
PRONUNCIAMIENTO DEFENSORIAL
Por su parte, la Defensoría del Pueblo advirtió en un pronunciamiento escrito de que el hábitat de los pueblos indígenas que viven en el Madidi «podría verse afectado» por esta actividad minera.
«Esta situación podría generar conflictos y la vulneración de derechos como los suscitados en comunidades de los municipios de Mapiri, Guanay, Teoponte o Apolo, cuyo trasfondo tiene que ver con minería, control territorial y de los recursos naturales», alertó la institución.
Por ello, pidió la intervención del Estado a través del Ministerio de Minería y el ente regulador de esa actividad para proteger «los derechos de la Madre Tierra» y de los pueblos indígenas.
También hizo un llamado a que las entidades estatales eviten que la minería ilegal derive en el surgimiento de otros fenómenos «como el contrabando, prostitución, trata y tráfico, narcotráfico» en áreas protegidas y territorios indígenas.
El Madidi tiene una extensión de 1,8 millones de hectáreas y alberga el 3 % de plantas, casi el 4 % de los vertebrados y el 9 % de las aves del mundo, según información de la ONG Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS, en inglés).
Este parque es la única área protegida del mundo que va desde un rango de altitud de 180 metros a 6.000 metros sobre el mar, con cinco ecorregiones, incluidos el Altiplano y la Amazonía.
