Bogotá, 25 may (EFE).- El líder social argentino Juan Grabois fue deportado, después de que le negaran la entrada a Colombia, cuando intentaba ingresar junto a otros miembros de organizaciones sociales que integran una misión internacional que pretende reportar las violaciones de derechos humanos durante las protestas en el país.
«Luego de una serie de agresiones físicas registradas por numerosos testigos y cámaras de seguridad, el gobierno colombiano me expulsa de su territorio por considerarme un ‘riesgo para la Seguridad de Estado'», informó Grabois en su cuenta de Twitter.
Las autoridades colombianas no informaron de las causas por las que denegaron la entrada a Colombia a Grabois, abogado, docente universitario y militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Argentina, que explicó que le retuvieron la documentación y el equipaje hasta que le embarcaron en un vuelo a Lima.
Una de sus compañeras de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos, María Elena Navarro, expresó en un video que «es una clara decisión del Gobierno nacional de impedir el trabajo de veeduría internacional que viene a hacer esta delegación».
La Misión, integrada por una decena de organizaciones sociales argentinas, llegó hoy al aeropuerto de El Dorado, en Bogotá, para «acreditar, relevar y visibilizar la situación» de derechos humanos en el marco de las protestas que se producen en Colombia desde el 28 de enero y donde se ha denunciado un uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía.
Las protestas se han cobrado 42 víctimas mortales, según los reportes que han llegado a la Defensoría del Pueblo, mientras que organizaciones sociales como Temblores y el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz) contabilizan 43 víctimas de violencia homicida presuntamente por la Policía.
Además, se han reportado abusos sexuales tanto a manifestantes como a una agente de la Policía, y las autoridades siguen buscando a 129 personas que fueron reportadas como desaparecidas.
El pasado 14 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió permiso al Estado colombiano para visitar el país ante la posibilidad de que se hayan cometido violaciones de derechos humanos durante las protestas.
Pero hoy, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, que se encuentra de visita oficial a EE.UU., estimó que el Gobierno decidirá a finales de junio la fecha en la que la CIDH podrá visitar el país.
