San José, 9 oct (EFE).- Con las finanzas públicas deterioradas y tras un fallido intento por impulsar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno de Costa Rica se ve obligado a abrir una gran mesa de diálogo nacional amplia e inclusiva, en la búsqueda de soluciones urgentes al crecimiento del déficit y la deuda.
«Es urgente un diálogo amplio que incluya a diversos sectores para encontrar puntos de encuentro y propuestas balanceadas que no afecten a las personas más vulnerables. El Gobierno ha tenido muchas deficiencias de comunicación con la ciudadanía, lo que le ha causado una fuerte pérdida de credibilidad que debe corregir con humildad», dijo a Efe el analista Roberto Jiménez.
Según las proyecciones iniciales, Costa Rica cerrará el 2020 con un déficit fiscal del 9 % del Producto Interno Bruto (PIB), una deuda acumulada cercana al 70 % del PIB y una caída económica del 5 %, números deteriorados por la pandemia de la COVID-19.
El 17 de septiembre el Gobierno planteó a la opinión pública como un paliativo a la situación la negociación de un acuerdo con el FMI por 1.750 millones de dólares, pero esto fue rechazado por sectores políticos, productivos y sociales porque la iniciativa incluía la subida de impuestos, venta de activos y algunos recortes de gasto.
El 30 de septiembre comenzaron en el país protestas convocadas por el denominado «Movimiento Rescate Nacional» y que se caracterizan por bloqueos de carreteras, las cuales poco a poco se fueron tornando violentas en algunos sectores de las provincias de Limón (Caribe), Puntarenas (Pacífico) y Guanacaste (oeste).
En medio de las protestas y del rechazo a la propuesta por parte de los principales partidos, el 4 de octubre el presidente Carlos Alvarado anunció que desistía de impulsar la iniciativa y convocó a un diálogo nacional, que aún no está claro cómo va a funcionar.
Sin embargo, las protestas continúan, aunque muy debilitadas luego de que su principal dirigente José Miguel Corrales pidiera el jueves deponer los bloqueos.
Para el analista Jiménez el presidente «tardó demasiado» en retirar la propuesta al FMI y considera que el Gobierno todavía no establece las reglas claras para el diálogo.
En los últimos días el presidente Alvarado y su gabinete se han estado reuniendo con varios sectores de manera bilateral y conversan en forma territorial con dirigentes que han participado en las protestas, pero sin convocar hasta el momento el diálogo nacional en una mesa multisectorial que prometió.
La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, dijo que «Costa Rica es un país de paz y democracia» e hizo un llamado a «buscar el diálogo entre todas las partes».
La Asamblea de Trabajadores del Banco Popular impulsa una iniciativa de dialogo que cuenta con el apoyo de varios sectores sociales, sindicales, productivos y empresariales.
“Acogimos la invitación de la Asamblea Nacional de Trabajadores del Banco Popular que planteó a lo interno un diálogo multisectorial en procura de un acuerdo nacional y de inmediato dijimos que sí. Es la propuesta que hemos esbozado como sector empresarial unido desde el momento en el que se generaron los hechos de violencia acaecidos durante los últimos días”, afirmó el presidente de la Unión de Costarricenses de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), José Álvaro Jenkins.
UN NUEVO AJUSTE TRAS POLÉMICA REFORMA FISCAL
En diciembre de 2018, el Congreso aprobó una polémica reforma fiscal que generó una extensa huelga de sindicatos y grupos sociales que afirmaban que se trataba de un duro golpe a las clases medias y bajas.
La reforma creó el Impuesto al Valor Agregado del 13 % y estableció una regla fiscal para contener el gasto, entre otras medidas tributarias y de recorte que pretendían paliar el creciente déficit y la deuda.
A menos de dos años de la reforma, de la cual aún hay partes que apenas comienzan a implementarse, el Gobierno presentó la propuesta al FMI que establecía un nuevo impuesto a las transacciones bancarias, aumentos en el impuesto sobre la renta y en el de bienes inmuebles, la creación de la renta global, la fusión de algunas instituciones y la venta del Banco Internacional de Costa Rica y de la Fábrica Nacional de Licores.
El rechazo político y social fue inmediato, pues el 80 % de la propuesta correspondía a subidas de impuestos y solo el 20 % al recorte del gasto.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) explicó que los problemas de las finanzas de Costa Rica tienen un origen estructural y que el país debe buscar un «pacto fiscal de carácter integral que permita al Estado contar con una política fiscal basada en la suficiencia, progresividad y justicia».
