Quito, 9 jun (EFE).- La Procuraduría (Abogacía) General del Estado de Ecuador anunció este jueves que solicitará a la Justicia chilena la anulación del laudo arbitral que condenó a la administración ecuatoriana a indemnizar con 11,5 millones de dólares a la petrolera Gente Oil.
El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, explicó en una rueda de prensa que existe un plazo de 90 días, que vence el 24 de agosto, para presentar la demanda de nulidad en los tribunales ordinarios de Chile, país sede del tribunal de arbitraje.
El laudo fue emitido el 24 de mayo y dio la razón a la compañía Gente Oil, con sede fiscal en Singapur, en su demanda por supuestos incumplimientos por parte del Estado ecuatoriano del contrato de exploración y exploración del bloque Singue, ubicado en la Amazonía.
El tribunal de arbitraje dictaminó que la empresa se vio perjudicada por las limitaciones de capacidad para evacuar el crudo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote) y por un alza en la tarifa de transporte del petróleo por parte de esta red pública de oleoductos que opera la estatal Petroecuador.
También consideró que la empresa había sufrido daños morales por la acusación presentada por la Contraloría por irregularidades en la adjudicación del contrato, que derivó en una condena en primera instancia por peculado (malversación) contra siete funcionarios, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas y los exministros Carlos Pareja y Wilson Pastor.
Para el procurador general, esta consideración de daños morales «es sorprendente» que se haya incluido en un laudo arbitral cuando en la denuncia no se contemplaba a nadie de la compañía, y afirmó que este es una de los argumentos que utilizarán en la demanda nulidad.
El resto de causales de nulidad son aún objeto de análisis del equipo legal de la Procuraduría.
INDEMNIZACÓN MENOR A LA RECLAMADA
El primer procurador del Estado también advirtió que la indemnización impuesta por el tribunal de arbitraje es mucho menor a la solicitada de la empresa, que reclamaba cerca de 92 millones de dólares y la resolución del contrato, algo que no obtuvo, «por lo que deberá seguir prestando servicios de exploración y explotación por 20 años».
«En estos casos de tan difícil defensa y sumas tan cuantiosas, cualquier reducción debe ser considerada como un triunfo de la defensa del Estado ecuatoriano. Pese a haber sido derrotado, el hecho de haber logrado una reducción tan drástica, debe ser considerado como un hecho sumamente meritorio», destacó.
Salvador enfatizó que el laudo arbitral no incide en el proceso penal del caso Singue como se deslizó el miércoles por parte de los abogados de los altos exfuncionarios del correísmo involucrados en este caso.
El procurador aclaró que el laudo arbitral es un litigio comercial entre dos personas jurídicas, mientras que el proceso penal busca responsabilidades penales personales sobre los encargados por parte del Estado de firmar unos contratos con una tarifa por barril de petróleo supuestamente desfavorable para las arcas públicas.
«NO ES LA ÚLTIMA PALABRA»
Así, insistió en que este laudo arbitral «no es la última palabra» y «la Procuraduría seguirá ejerciendo la defensa del interés publico independientemente del Gobierno en el que se produjeron los supuestos incumplimientos».
«Es nuestro deber defender el interés público y el patrimonio estatal en las jurisdicción nacional e internacional», apostilló, lo que conlleva también continuar como parte acusatoria en el caso Singue, cuya sentencia está pendiente de revisión por un tribunal superior.
El bloque Singue fue concesionado en 2012 al Consorcio DGC, formado por Dygoil y Gente Oil, pero desde 2014 la segunda asumió íntegramente la operación, donde afirma que se han logrado producir desde entonces más de 9 millones de barriles de crudo, frente a la previsión inicial de dos millones en 20 años.
