Quito, 26 oct (EFE).- El empleo ha mejorado sustancialmente en Ecuador tras seis meses de destrucción sistemática de puestos de trabajo por la pandemia, asegura el ministro Andrés Isch, que sin embargo, no ve otra posibilidad que realizar reformas estructurales para garantizar su sostenibilidad.
En una entrevista con Efe, el titular de Trabajo afirmó que «la pandemia ha evidenciado los problemas estructurales» del mercado ecuatoriano desde hace años, lo que «brinda una oportunidad para hacer las correcciones» pertinentes a través de un «diálogo» desde la sociedad que dé «legitimidad» a las reformas.
EL ENTRAMPADO SECTOR PÚBLICO
La situación laboral en Ecuador se deterioró considerablemente desde marzo, cuando el confinamiento por el coronavirus disparó el índice de desempleo de menos del 4% hasta el 13,3 %, habiendo regresado desde junio a parámetros en torno al 6,6 %.
«Nos golpeó muy duro a nosotros y a toda la región, eso es evidente. Las cifras eran alarmantes y siguen siendo complejas», valoró el ministro, que llegó al cargo en julio cuando la situación era desesperante.
Pero destaca que es importante «leer la información tanto en el período dentro de la pandemia» como con una proyección «histórica».
Y es que si bien en la primera dimensión se han concretado avances importantes para evitar «la destrucción de empleo», en la segunda, se revelan los verdaderos problemas estructurales del país y la sociedad.
La pandemia, que hasta ahora deja en Ecuador unos 162.000 contagios y 12.500 fallecimientos, encontró a la nación andina en una severa crisis económica y una titánica falta de liquidez, que hacían imposible extender una red de apoyo al sector empresarial como ocurrió en otros países.
El inicio de la recuperación laboral ha sido posible a través de una llamada «Ley de Apoyo Humanitario» que ha flexibilizado condiciones de empleo y contratación, y generado protestas de sindicatos que la ven como una regresión de derechos de los trabajadores.
Y también porque, desde hace dos años, el Gobierno inició una exigida política de recortes del gasto público que incluyó la desvinculación de miles de funcionarios públicos a través de varias fórmulas: despidos, jubilaciones y supresión de plazas temporales.
Solo este 2020 se espera hasta diciembre la supresión de 12.000 plazas de un total de 420.000 que había en mayo, para generar un ahorro de 50 millones de dólares, aunque ya en 2018 y 2019 hubieron otras 20.000.
«El Gobierno central llegó a tener más de 450.000 funcionarios», dijo Isch al referirse a los tiempos de bonanza petrolera.
DEJAR DE APAGAR INCENDIOS
Sin menospreciar la protesta social de octubre de 2019 contra los recortes, y otras que se han sucedido en el tiempo, Isch apunta la necesidad de reestructurar el mercado laboral para ofrecer soluciones a largo plazo por encima de elecciones, gobiernos y políticas puntuales.
Se refiere a aquellos que ni siquiera aparecen en las estadísticas de empleo, los «informales», ese 47% de mano de obra ecuatoriana que apenas subsiste entre acuerdos verbales con su empleador en el emprendimiento privado no regulado, en los cruces de las calles y un largo etcétera de desprotegidos.
«La Ley humanitaria es una ley emergente que busca evitar que en una condición de crisis como la que vivimos se destruyan plazas de trabajo, (..) pero no es una reforma estructural», asegura.
Lamenta que «no hemos logrado generar como país, desde hace mucho tiempo, las condiciones adecuadas para que la formalidad sea mejor negocio que la informalidad».
Insta además al establecimiento de un diálogo social bajo el manto del Gobierno en el que se preserve el delicado «equilibrio» de «garantía de derechos, trabajo adecuado, condiciones dignas y, por otro lado, la generación de oportunidades que permita a todas estas personas incorporarse en el mercado formal».
Una anomalía que se observa claramente en Ecuador en el indicador del «salario promedio», por debajo del «salario básico», ahora de 400 dólares.
«Ese es un indicador clarísimo de cómo no hemos logrado crear las condiciones para el crecimiento de los trabajadores», aduce.
UNA REFORMA DE ECUADOR, NO DEL FMI
Otras de las reformas requeridas, indica el ministro, es buscar soluciones a la mejora de las condiciones de empleo de mujeres y jóvenes, los más castigados por la pandemia; reducir el «subempleo»; o alentar a la formación mediante carreras técnicas de corta duración para permitir al empleado subir en la escala de salarios. Pero no son las únicas.
«Tenemos mucho que hacer en reformas estructurales que no necesariamente implican una regresión de derechos, sino generar oportunidades para generar plazas que permitan un crecimiento adecuado», aclara.
Medidas que han sido censuradas por los sindicatos y la oposición como un retroceso para beneficiar a empleadores y grandes grupos empresariales, y satisfacer presuntas demandas del FMI a la hora de abrir sus líneas de crédito al país.
Al hilo de las críticas, Isch considera «sumamente importante salir de las discusiones dogmáticas y entrar en los hechos», porque los recientes créditos de 6.500 millones de dólares no se han concedido en base a «demandas», sino «propuestas» de Ecuador.
Sin ellas, cree Isch, el país estará abocado al estancamiento porque la «informalidad» es una receta que no solo abona el «círculo de la pobreza», sino que «seguramente» perpetuará su «transmisión intergeneracional».
Con unas reformas aún en proceso de ratificación legal y criticadas socialmente, el titular de Trabajo espera que un «dialogo amplio y franco» sirva para sortear la brecha antes de que concluyan las funciones del actual Gobierno en mayo de 2021.
Elías L. Benarroch
