Quito, 2 jun (EFE).- Ecuador dispone de dos meses para cancelar 374,3 millones de dólares a Perenco, tras un laudo arbitral, y ha iniciado contactos con la petrolera francesa a la que ha propuesto un plan de pagos, en momentos en los que el Ejecutivo centra sus esfuerzos en vacunar a la población y reactivar la economía.
Así lo manifestó este miércoles en rueda de prensa el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, al recalcar que la decisión emitida por el Comité ad hoc del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es «definitiva y no está sujeta a ningún tipo de apelación».
Al Estado ecuatoriano «le corresponde proceder a pagar en un plazo de 60 días», aclaró antes de informar de que ha tomado contacto con los abogados de Perenco, «a efectos de proponer un plan de pagos y que tengan en cuenta la situación agravada por la pandemia».
Salvador confió en que la petrolera acceda a la propuesta de cancelación por parte de Ecuador, «cuando el Ejecutivo fija todos sus esfuerzos en la reactivación e inmunización».
El Gobierno de Ecuador ha declarado su compromiso de respetar el laudo arbitral conocido el viernes pasado y que resuelve una vieja disputa comercial atada a un tratado bilateral de inversiones.
En total, el Estado debe indemnizar a la compañía con 374,37 millones de dólares, a la que «deberán añadirse los intereses hasta la fecha efectiva del pago contados a partir del 31 de diciembre de 2019», puntualizó Salvador.
El Comité arbitral dio la razón a Perenco y argumentó su decisión en que la empresa se vio perjudicada en 2007 con un decreto Ejecutivo que aumentaba de 50 % a 99 % la participación estatal en la ganancia de los excedentes petroleros.
No obstante, el laudo reconoció que el Estado ecuatoriano tiene derecho a ser indemnizado por daños ambientales causados por dicha compañía en los bloques 7 y 21 donde operaba, y dispuso que el país andino deberá recibir un monto de 54 millones de dólares por ese concepto.
Desde que el procurador asumió el cargo el 31 de julio de 2018 y hasta el 31 de mayo de este año, el Estado ecuatoriano como demandado en litigios internacionales ha concluido trece causas, y evitado el pago de un total de 13.563 millones de dólares por ellas, según un documento de la entidad legal al que ha tenido acceso Efe.
Según ese documento, en ese conjunto de procesos, la Procuraduría ha conseguido «ocho decisiones favorables al Estado, dos parcialmente favorables, una solución amistosa», a la vez que se registraron «dos desistimientos».
Por otro lado, Ecuador mantiene ocho causas de arbitraje relacionadas con la inversión de activos abiertas, entre ellas dos relativas al polémico caso de la petrolera estadounidense Chevron, que ha ocupado a tribunales de varios países desde varios ángulos.
