Lima, 18 mar (EFE).- El Congreso de Perú promulgó este jueves una ley que fija topes a las tasas de interés que cobran las instituciones financieras en el país, como parte de una polémica ley denominada «contra la usura financiera».
La norma, que ha sido rechazada por el Ejecutivo, fue publicada en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano con las firmas de la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, y del segundo vicepresidente, Luis Roel.
La propuesta, que ha generado un amplio rechazo del Gobierno, economistas y de entidades financieras, propone cambios en la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva (BCRP), la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y la ley de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
INSISTENCIA DEL CONGRESO
El Congreso de Perú ratificó el pasado 11 de marzo, por insistencia, su decisión de fijar los topes a las tasas de interés, luego de que el Ejecutivo devolviera sin promulgar la primera aprobación del tema, que hizo el Congreso el pasado 30 de diciembre.
La norma ordena, entre sus principales puntos, que el BCRP deberá fijar cada seis meses las tasas de interés máximas y mínimas para operaciones de créditos bancarios, y dispone que si el deudor bancario incurre en una mora solo deberá pagar los intereses por ese concepto y no otras comisiones o gastos adicionales.
Además, prohíbe la capitalización de intereses y el cobro de penalidades u otras comisiones diferentes a los intereses en caso de incumplimiento o atraso en el pago del crédito y establece que la Superintendencia de Banco y Seguros (SBS) deberá sancionar si se identifican cláusulas «abusivas» en las operaciones financieras.
RECHAZO DEL EJECUTIVO
Desde su debate, en diciembre pasado, el Ejecutivo ha rechazado la nueva ley, ya que señala que poner límites a las tasas de interés «nunca ha funcionado en el mundo» y solo favorecerá a los prestamistas informales.
El Ejecutivo devolvió la ley sin promulgarla el pasado 2 de febrero tras considerar que afecta «el proceso de inclusión financiera» y es «inconstitucional», además de agregar que puede perjudicar la estabilidad del sistema financiero y la protección del ahorro, así como causar una severa afectación económica y exclusión financiera, principalmente de pequeños consumidores y empresarios.
En diciembre pasado, al exponer el proyecto, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Johan Flores, aseguró que beneficia «a todos, no solo a las familias que tienen créditos de consumo», y remarcó que el Legislativo «no fijará las tasas» de interés, sino el Banco Central de Reserva.
