Lima, 11 dic (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) de Perú notificó este viernes al Congreso sobre la presentación de la demanda interpuesta por el Ejecutivo contra la ley que ordena la devolución de hasta 4.300 soles (1.194 dólares) a los 4,7 millones de afiliados al sistema público de pensiones.
Según informó el tribunal, el Congreso peruano recibió formalmente la demanda del poder Ejecutivo, que rechaza la norma que dispone la devolución de los fondos administrativos por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) debido al millonario desembolso que representa para el Estado.
Dicha ley fue aprobada por el Congreso la semana pasada, con el voto a favor de 87 legisladores, 21 en contra y tres abstenciones, y fue publicada el 4 de diciembre, a pesar de que el Gobierno anunciara que presentaría una demanda ante el TC para impedir su ejecución.
Dado que el sistema público de pensiones tiene un mecanismo de reparto, que significa que los trabajadores en activo aportan a un fondo común del cual se pagan las pensiones de los jubilados, el ministerio de Economía había objetado la figura planteada por el Parlamento.
De acuerdo con el procedimiento, el Poder Legislativo dispone ahora de 30 días hábiles para responder la demanda del Ejecutivo.
LOS PENSIONISTAS ESPERAN
Con esta norma, la ONP debe devolver los aportes por hasta una unidad impositiva tributaria (4.300 soles o 1.194 dólares) a los aportantes activos o inactivos del Sistema Nacional de Pensiones que así lo soliciten y que ascienden a 4,7 millones de personas.
Actualmente, existen 576.000 jubilados en el sistema público que reciben sus pensiones y alrededor de 1,6 millones de trabajadores aportantes a este sistema.
No obstante, el 16 % de las jubilaciones son financiadas por el Tesoro Público, pues los aportes de los trabajadores son insuficientes, y una devolución a todos los afiliados significaría un desembolso de 16.000 millones de soles (4.444 millones de dólares).
El Congreso ya había aprobado meses atrás la devolución de los aportes al sistema privado de pensiones, donde los afiliados tienen cuentas individuales y están a cargo de las admninistradoras de fondos de pensiones (AFP), bajo el argumento de la crisis económica por la pandemia de la covid-19.
