Quito, 2 sep (EFE).- El contrabando de tabaco es una realidad palpable en las calles y comercios de Ecuador, uno de los países con los precios más caros de la región por cajetilla, pero el debate en torno a su impacto real en el mercado entraña el interés de la industria tabacalera por una menor tributación.
Los distintos informes no acaban de llegar a una conclusión unánime sobre el alcance del fenómeno, a lo que se suman intereses contrapuestos y la deficiente implementación de una legislación efectiva a nivel fiscal y sanitario.
Un informe habla de que hasta el 79 % de los cigarrillos consumidos en el país son de origen ilícito, otro el 51 %, pero coinciden en que es el erario público el que acaba perdiendo dinero.
TERRENO ABONADO
La investigación más alarmante, de la encuestadora Inmaver solicitada por Philip Morris International (PMI), con corte en diciembre pasado, determinaba que 7,9 de cada 10 cigarrillos consumidos tenía procedencia ilegal.
El 78 % de las marcas ilegales son de Asia, principalmente China, seguido por un 12 % de Colombia, un 6 % Paraguay y el restante otras, según ese informe.
Los contrabandistas «han encontrado tierra muy fértil en Ecuador debido a que existe una diferencia de precios de 5 a 1», dice a Efe Glenda Ruiz, directora de asuntos externos de Itabsa y Proesa, filiales locales de PMI.
Las marcas chinas se comercializan de manera ilegal a un promedio de 1,5 dólares la cajetilla de 20 cigarrillos, mientras que las legales a 5,77, «de lo que el 70 % en promedio son impuestos».
La «excesiva carga tributaria» al tabaco sitúa a Ecuador como segundo país después de Panamá con mayores índices de contrabando, censura la ejecutiva, quien ha propuesto reducirla para alentar la venta legal (ha caído «un 69 %»), dado que no se registra «una disminución proporcional al consumo», objetivo primario de la tributación con fines de salud.
El consumo verdadero procede del mercado negro y, con base en las estimaciones de PMI, el fisco ecuatoriano deja de recaudar 3,78 dólares por cajetilla, unos 270 millones de dólares anuales y más de 1.000 millones desde 2015.
CIFRAS DISPARES
Sin embargo, otra estimación publicada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) rebaja al 51 % el porcentaje de tabaco consumido de origen ilícito.
Su autora, Tatiana Villacrés, comentó a Efe que la prevalencia del consumo entre la población ecuatoriana ha ido disminuyendo progresivamente desde hace décadas y que «una de las razones es la elevación de los impuestos», especialmente desde 2011 cuando se aprobó una ley de regulación y control del tabaco.
La investigadora concede que el mayor número de cajetillas ilegales llegan de China, pero su estudio revela que la marca más vendida -tanto en formato ilegal como legal- es Marlboro, producido por PMI, procedente en un 95 % de Colombia y México.
Estudios similares independientes en Colombia apuntan a una producción muy superior a su consumo, lo que llevó a los investigadores a preguntarse: «¿Dónde está yendo ese excedente?. Nuestra primera hipótesis es que llega de manera ilegal a Ecuador», refirió.
Ante los cierre de plantas en los dos países andinos, los cigarrillos de esa marca comenzaron supuestamente a llegar desde México.
El portal Tax Stamp & Traceability News advertía recientemente que se había registrado un aumento en la producción e importación de cigarrillos desde México a Colombia «en cantidades que exceden con creces la cantidad que entra de forma legal en Ecuador de la marca», y que llamaba la atención cómo la propia industria hacía la vista gorda ante su penetración sin registro al país andino.
El fisco ecuatoriano dispone de dos sistemas de trazabilidad fiscal, «SIGVEF» desde 2015 al servicio de Aduanas y «Simar» desde 2017 a cargo del SRI (Rentas Internas), pero fuera de control queda el contrabando, combatido de forma insuficiente por la Policía.
NUEVA LEY
Enrique Fanta, experto chileno en aduanas e impuestos a productos especiales, reconoce a las tabacaleras que «es cierto (que) hay incentivos para el contrabando», pero al mismo tiempo asegura que los países «están incrementando tanto las penas como la aplicación de estas para que no ocurra».
El pasado viernes entró en el registro oficial una Ley Orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, también conocida como la «Ley del Tabaco» que, si bien trata de atajar todo el comercio ilícito, fue impulsada en buena medida por el sector tabacalero.
Además de penas y sanciones, establece la constitución de una comisión pública liderada por la Aduana para combatir el contrabando.
Una ley que para el sector del tabaco se queda corta, puesto que buscaron de manera denodada que incluyese una compensación para la industria por el supuesto perjuicio del contrabando.
Junto al aumento del contrabando, los datos de tabaquismo no remiten y causa 960 muertes por día en ocho países de Latinoamérica, además de acarrear millonarios costos asociados a atención médica.
Un estudio regional difundido en mayo, liderado por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), en Buenos Aires, recogía que el cigarrillo produce 443 muertes diarias en Brasil, 173 en México, 123 en Argentina, 83 en Colombia, 52 en Chile, 61 en Perú, 19 en Ecuador y 6 en Costa Rica.
Daniela Brik
